El informe estuvo basado en entrevistas con inversionistas y expertos en el tema y propone once señales de alerta que los inversionistas deberán tener en cuenta para evaluar prácticas negativas en derechos humanos en las empresas de indumentaria. También ofrece ocho recomendaciones para la participación efectiva de los inversores y las empresas, incluidas la formulación de preguntas concretas que los inversores pueden formular en los diálogos de participación accionarial. El informe alienta a las empresas a establecer relaciones sólidas y menos "transaccionales" con los proveedores.

“Los inversionistas aprecian cada vez más la necesidad de comprender las causas fundamentales de los problemas sistémicos que se encuentran en la industria de la indumentaria y, lo que es más importante, cómo afectan a los derechos de las personas, cómo impactan en los negocios e influyen en la inversión y los rendimientos financieros”, afirmó Bettina Reinboth, gerente de asuntos sociales en el PRI.

"El punto de partida para respetar los derechos humanos y laborales es comprender los impactos de los negocios de una empresa en las personas. En la actualidad, los consumidores de todo el mundo esperan que las empresas respeten los derechos humanos; la comunidad inversora tiene un papel real que desempeñar para garantizar que las empresas en las que invierten aborden estos problemas y mitiguen los impactos negativos. Este informe sirve como un recurso para ayudar a los inversores, tanto aquellos que están avanzados en su enfoque como los que son nuevos en él”, agregó.

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