El Estudio, que se puede descargar pulsando aquí, cuenta con un mecanismo de observaciones y retroalimentación para los servicios y órganos aludidos en el Estudio. Una versión con recomendaciones se publicará en la semana del 30 de mayo.

En el trabajo han colaborado los investigadores Fernando Araya y Pablo Soto, la investigadora Karla Varas, los ayudantes senior Orielle Ahumada y Carlos Miranda, y los ayudantes Vicente Martínez, Gabriela Labra y Nicolás Álvarez, todos de la Universidad Diego Portales (UDP).

El Estudio abarca por un lado las actividades económicas del Estado propiamente tales – empresas estatales, Chilecompra, SERCOTEC, los fondos de emprendimiento como CORFO, y las concesiones. Por otro lado, y ésta es la mayor parte del Estudio, se dedica a analizar si el Estado cuenta con regulación eficaz para garantizar el respeto a los derechos humanos en las actividades económicas de las empresas chilenas y extranjeras en el país, así como en las actividades de empresas chilenas en el exterior. Todas estas preguntas se derivaron de los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos del 2011 y de las obligaciones de tratados de derechos humanos que Chile ha contraído.

Los principales hallazgos del Estudio Línea Base se relacionan con la falta de regulación de materias relacionadas con las actividades empresariales; las debilidades en la fiscalización de las actividades empresariales, especialmente, las extractivas; y el impacto grave de la falta de planificación territorial. Además, los tratados de inversión y comercio ratificados por Chile y por ratificar como el TPP, no contienen las suficientes garantías en materia de derechos humanos. Finalmente, el acceso a la justicia y reparación en materia de empresas y derechos humanos es claramente deficiente, tal como en general, la capacidad de prevención de las violaciones mediante recursos judiciales, políticas públicas o medidas administrativas. Sin embargo, existen iniciativas puntuales de buenas prácticas que deberían ser fortalecidas e integradas en una política transversal en materia de empresas y derechos humanos.

Para el Estudio, se hicieron 54 solicitudes de entrevistas a órganos públicos, de las cuales fueron otorgadas 41. Además, se hicieron 12 entrevistas de contexto con actores no-gubernamentales y gremiales. Finalmente, el Estudio se basa en varias decenas de solicitudes de acceso a la información pública que en su mayoría fueron contestadas. La primera conclusión de los autores es, en relación con este punto, que sin un mecanismo eficaz de acceso a la información pública un estudio como el que se presenta, no sería posible realizar de forma independiente. El Estudio también incluye un análisis del conflicto social en la Araucanía.