“Uruguay es un terreno fértil para validar experiencias de sostenibilidad que luego pueden ser escaladas a otros mercados”
Así lo afirma Paola Rapetti, Directora Ejecutiva del Pacto Global Uruguay, con motivo del reciente relanzamiento de la Red local. Además, en la entrevista nos cuenta cómo piensa la articulación entre diferentes sectores para trabajar en una agenda país, el objetivo de abordar los impactos globales desde los negocios locales, cómo es la estrategia de la Red de cara al 2023, los ODS prioritarios que trabajarán con el sector privado, y su mirada sobre la ley de Sociedades de Beneficio e Interés Colectivo que ha sido aprobada en Uruguay, entre otros temas.
¿Qué aporte le puede hacer una iniciativa como el Pacto Global al desarrollo sostenible de Uruguay?
Pacto Global en Uruguay viene a trabajar los temas de sostenibilidad en la era de la colaboración.
Por supuesto que en Uruguay ya se viene trabajando hace mucho tiempo en varias redes, cámaras e instituciones con el sector empresarial en estos temas. Pero creo que lo que lo que tiene el Pacto Global es ese lugar privilegiado como el articulador entre el sistema de las Naciones Unidas con su Agenda 2030 de ODS, con el sector público que ha sido el partner histórico de las Naciones Unidas, y con el sector empresarial abriendo esta ventana que pone el Pacto para que se empiece a conversar de forma coordinada en lo que es una agenda país. Creo que ese es el principal aporte.
En algunas entrevistas la pregunta siempre que nos hacen es ¿Compite el Pacto con otras iniciativas que ya están trabajando las empresas? No, no compiten porque es una plataforma que pretende generar colaboración en un ecosistema de sostenibilidad. Estamos para visibilizar otras plataformas, otras iniciativas, para potenciar el trabajo de otros, para tener una agenda propia con las empresas que vienen al Pacto. Pero sobre todo para trabajar en algunos temas que son más macro y más país.
Lo que sucede mucho con las empresas que se suman al Pacto es que muchas veces desde el argumento que traen es no tanto el camino que van a hacer en sostenibilidad, porque hay muchas empresas grandes que ya vienen haciendo un camino propio, sino que entienden que el Pacto tiene un impacto que nos trasciende, un impacto mucho mayor porque pone a la agenda global de sostenibilidad de Naciones Unidas sobre la mesa. Son impactos globales desde negocios locales. Entonces las empresas adhieren al Pacto porque ahí se van a trabajar algunas líneas que son más de largo plazo, o de articulación con el sector público, y las agencias de Naciones Unidas.
¿Cómo fue el proceso de gestación de la red local?
Uruguay tiene algo particular, y es que nosotros en realidad oficialmente estamos relanzando la Red.
Hubo una iniciativa hace 10 años de querer lanzar la Red pero lo que sucedió es que los temas de sostenibilidad no estaban maduros, el “timing” de mercado en Uruguay no era el correcto. No había un liderazgo claro. Entonces por por diversos motivos no prosperó.
Hace un año y medio se empieza a hacer un estudio de prefactibilidad para ver cómo está Uruguay, para que realmente la Red pueda tener presencia. Y, por supuesto, todos los indicadores arrojaron que estamos en el momento correcto. Se entrevistaron a más de 40 empresas, a todas las agencias de Naciones Unidas en sus temáticas, y al y al sector público en los temas de desarrollo sostenible. Todo indicó que estamos en el momento perfecto para relanzar la Red en el marco de Pacto Global.
La paradoja es que Uruguay, si bien está tercero en términos de desarrollo en América Latina, no tenía la Red articulada. Y cuando la lanzamos en agosto, yo sentí que las empresas la abrazaron de una manera impresionante. No hemos tenido que salir a buscar empresas sino que las empresas llegan diciendo “qué suerte que llegó el Pacto”.
En el caso de las empresas multinacionales o subsidiarias dicen “ya estábamos trabajando en nuestros países y en Uruguay nos queremos sumar”. Y las empresas nacionales encuentran acá una forma como de trascender un poco el trabajo individual que vienen haciendo para encontrar ese ámbito de colaboración mucho más amplio.
El lanzamiento se hizo en agosto y nosotros ahora estamos muy enfocados en atraer empresas a la Red, en armar el primer Consejo Directivo que va a tener una gobernanza 100% empresarial, y en presentar la propuesta de valor concreta que va a tener el Pacto con una programática bien aterrizada para el próximo año y de cara al 2023, que es el primer horizonte que tenemos donde estamos alineando las estrategias globales de Pacto y los temas locales que tiene Uruguay como desafíos país, y las iniciativas, necesidades y oportunidades de negocio que las empresas están viendo hoy localmente para desarrollar sus estrategias de sostenibilidad.
¿Cuáles son los principales desafíos que se le presentan al sector empresarial uruguayo en relación a los 10 Principios del Pacto Global?
Los diez Principios del Pacto Global están estructurados en cuatro capítulos: derechos humanos, normas laborales, medio ambiente y lucha contra la corrupción.
Son principios universales, y según el país donde estés trabajando hay algunas cosas que están más saneadas que otras. Por ejemplo, en el caso de Uruguay el sector empresarial ya está muy avanzado con respecto a los Principios vinculados a la lucha contra la corrupción. Son empresas que vienen trabajando muy bien la regulación, la formalización. Si bien, obviamente que hay casos de informalidad, es un sector que ya viene trabajando todo el tema de corrupción, de ética en los negocios, está bastante avanzado. Los desafíos ahí son menores.
En los otros capítulos, por ejemplo en derechos humanos y normas laborales, ahí hay un camino por recorrer. Sobre todo en los temas de inclusión a la diversidad, inclusión a la discapacidad, inclusión con perspectiva de género, generación de puestos de trabajo, que de alguna manera acompañen a aquellas personas más vulnerables. Tenemos oportunidad de trabajar en esto porque los derechos humanos a veces se consideran como algo muy alejado. Y si bien los principios hacen muchas menciones, a veces a los temas de esclavitud infantil, o que no haya esclavitud de ningún tipo, aparecen como cosas de otra época, Y cuando hablamos de derechos humanos hablamos de muchas cosas.
Por ejemplo, UNICEF nos da un dato donde el 66% de los niños tienen en sus hogares un referente padre, o madre, o tutor que trabaja dentro del sector privado. Por eso trabajar en políticas donde la familia y el trabajo se equilibre, donde trabajemos en políticas que hacen al bienestar de esos empleados, es de alguna manera repercutir en la calidad de vida de los niños, de la infancia.
Entonces en esos capítulos que están más vinculados a los derechos humanos, y a la calidad del trabajo, hay un camino para recorrer, y siempre hay temas para profundizar. También el tema migrantes.
Y, por supuesto, en el capítulo de los Principios más vinculados a los temas medioambientales hay desafíos de todo tipo. Si bien Uruguay es un país de baja emisión que tiene bastante descarbonizada su economía, todavía nosotros estamos en una segunda transformación. Si bien hemos hecho una transformación a una matriz energética más limpia, el país todavía tiene algunos sectores que tienen oportunidades de bajar su huella ambiental y hacer más eficientes las energías limpias.
¿Qué ODS consideran que son prioritarios para trabajar en Uruguay con el sector privado?
Está muy bien la pregunta porque el Pacto, si bien trabaja con diez Principios desde el año 1999 que es cuando se crea el Pacto, en el año 2015 hay un nuevo mandato de las Naciones Unidas de trabajar con la Agenda 2030 y los 17 ODS.
Básicamente nosotros trabajamos con los dos marcos, tanto con los 10 Principios como con los 17 ODS. En ese sentido nosotros estamos trabajando en una estrategia al año 2023, donde ponemos el foco en algunos ODS particulares. Ellos son: el ODS 5 de igualdad de género, el ODS 8 de trabajo decente y crecimiento económico, el ODS 12 de producción y consumo sostenible, el ODS 13 de acción por el clima, el ODS 16 relacionado con justicia e instituciones sólidas, y el ODS 17 de alianzas para el desarrollo. Este último es clave porque estamos en el momento de la colaboración público-privada, de las agencias de cooperación, y los organismos multilaterales, que se han vuelto vitales de cara a responder a la crisis del COVID y que tiene un desafío enorme de recuperación por parte de las empresas, sobre todo en el sector de las micro, pequeñas y medianas empresas.
En síntesis, creo que al trabajar en alianzas es donde vamos a poder ver los mayores impactos tanto ambientales, sociales como económicos.
Hace poco se aprobó la ley de Sociedades de Beneficio e Interés Colectivo en el país ¿Qué opinión le merece?
Creo que es una muy buena noticia. Uruguay es el cuarto país en América Latina que se suma a esto.
Porque cuando decimos que los cambios y las transformaciones deben ser estructurales, en la línea del desarrollo ello implica que la regulación tiene que acompañar. Porque si nosotros generamos un ecosistema de oferta y demanda en cualquier tema y no acompañamos con una regulación es difícil después operar en esos marcos, o los incentivos para trabajar en esos marcos no son los mejores.
Algunas cosas buenas que tiene esta ley es que de alguna manera cambia el paradigma de poner el valor de las empresas sólo en los accionistas para pasar a que el valor se construya para todos los stakeholders y se incluya desde los estatutos y desde su forma jurídica al momento de ser concebidas. En este sentido es un cambio de modelo donde realmente se está pensando en el triple impacto cuando estamos generando o diseñando un negocio.
Además, lo que hace no es sumar una forma jurídica nueva sino que adapta las formas jurídicas que ya existían, donde tenemos camino recorrido a nivel societario, en el que puedan además ser BIC. En ese sentido, podemos aprovechar lo que ya hay y ponerle esta impronta de triple impacto.
Y también, pensando en lo que implicó a nivel de país trabajar en esto, es como cambiar el concepto de éxito y los nuevos modelos de negocios a conceptos de más largo plazo.
La articulación público-privada que se tuvo que hacer para realmente llegar a una formulación de esta ley habla de un espíritu de colaboración donde las empresas se involucran con el sector público para trabajar en beneficio de estos nuevos modelos.
Además, no es esta la única ley. Hay una batería de leyes que ya se vienen trabajando. Por ejemplo, está la ley de emprendimiento, y hay un proyecto de ley de economía circular que de alguna manera acompaña a los modelos de negocio.
En síntesis, creo que estas leyes siempre van a ser buenas noticias porque implica que Uruguay está a la vanguardia en estos temas y que la regulación acompaña a las transformaciones que son estructurales.
¿Qué particularidad le ve al país en materia de sostenibilidad?
Creo que a veces se piensa en Uruguay como un mercado muy pequeño que no mueve la aguja en términos de impacto. Pero hay que tener presente que tenemos una gran oportunidad como país pequeño de validar experiencias que después se puedan escalar a la región o a otros mercados.
Creo que Uruguay, con las condiciones que tiene como país, es un terreno muy fértil para que los temas de sostenibilidad en el sector empresarial puedan hacer experiencias piloto, disruptivas, innovadoras, para quizás después ser escaladas a otro nivel en mercados mucho más grandes.
Desde la perspectiva que nos estamos proponiendo, el trabajo del Pacto no es ser más de lo mismo sino tratar de buscar una vuelta de tuerca en estas tendencias y poder innovar en lo que tiene que ver con la sostenibilidad empresarial para que Uruguay pueda ser un referente en experiencias que se pueden hacer en mercados mucho más grandes y de mayor impacto.
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