Recientemente, la Unión Europea ha impulsado una gran movilización para aprobar una serie de normativas relacionadas con temas ESG que están siendo implementadas por las empresas locales. Este esfuerzo pionero se extenderá a toda la cadena productiva del bloque económico, que incluye a 27 países, para cumplir con las metas climáticas y de derechos humanos.

Estas leyes complementarias refuerzan el objetivo de la región de alcanzar lo definido en el Acuerdo de París en cuanto a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y la limitación del calentamiento global a 1,5º C. Sin embargo, la iniciativa va mucho más allá. Las nuevas regulaciones han transformado las relaciones comerciales en herramientas para influir en los negocios y afectar la sostenibilidad a nivel global.

A pesar de su enfoque local, estas exigencias también afectarán a los socios comerciales de la Unión Europea, incluyendo a Brasil, en un corto plazo. Según datos del Ministerio de Desarrollo, Industria, Comercio y Servicios, las ventas hacia este bloque comercial crecieron un 20%, alcanzando los US$ 4.170 millones solo en julio de este año, y moviendo alrededor de US$ 27.400 millones en el periodo acumulado desde enero. La región es el segundo mayor comprador de Brasil, con compras diversificadas que incluyen café no tostado, soja, celulosa y petróleo crudo, entre otros. Actualmente, se estima que la deforestación, legal o ilegal, afecta al 15% de las exportaciones brasileñas hacia Europa.

Las primeras regulaciones entrarán en vigor este año. El Reglamento de la Unión Europea sobre Productos Libres de Deforestación (EUDR) comenzará a aplicarse el 30 de diciembre de 2024 y prohibirá la importación y el comercio de commodities en condiciones irregulares en la región. Esta normativa se aplicará a productos como carne, soja, palma, café, cacao, madera y caucho, que deberán tener su origen reportado. Durante el período de adaptación, tanto las autoridades europeas como los exportadores brasileños deberán centrarse en la calidad de la información y los sistemas de gestión, aspectos que han sido insuficientemente monitoreados hasta ahora.
Pero esta es solo la primera de varias medidas.

Las empresas brasileñas también se verán afectadas por la entrada en vigor, el 1 de enero de 2025, de la primera fase de la Directiva de Informes de Sostenibilidad Corporativa (CSRD), que establece normas más rigurosas para la divulgación de estos documentos. Serán impactadas las subsidiarias ubicadas en el bloque europeo de organizaciones brasileñas con una facturación media de €40 millones, o las empresas controladoras en Brasil con ingresos superiores a €150 millones. Además, independientemente de los ingresos, las filiales brasileñas de controladoras europeas de gran tamaño (más de 500 empleados) deberán alinearse con los estándares establecidos. Nuevamente, la calidad de los datos y los sistemas de gestión estarán en el foco de los reguladores.

Este año, el Parlamento Europeo también aprobó una tercera norma: la Directiva de Diligencia Debida sobre Sostenibilidad Corporativa (CSDDD). Esta normativa establece requisitos de diligencia debida en materia ambiental y de derechos humanos para impulsar actividades sostenibles en toda la cadena de valor de las empresas globales. La regulación se basa en una serie de directrices que determinan cómo las organizaciones deben evitar esos impactos en todas las etapas de la operación, desde la extracción de materias primas hasta la entrega del producto al consumidor final.

Es importante resaltar que, aunque una empresa brasileña no esté directamente incluida en ninguna de las regulaciones europeas, podría verse afectada si forma parte de la cadena de valor de una organización sujeta a dichas leyes. Por lo tanto, deben estar atentas e identificar qué regulaciones se aplican a su cadena, sus clientes actuales y potenciales. La implementación de estas disposiciones se está realizando de forma escalonada, y todas han sido anunciadas con un período de adaptación de cinco años. Además, también se exigirá que las organizaciones brasileñas se preparen para este desafío para mantener su competitividad.

Las asociaciones y empresas tienen un papel importante que desempeñar. Pueden actuar como facilitadoras del desarrollo e implementación de soluciones tecnológicas para garantizar la adhesión a estas normativas, especialmente para medianas y pequeñas empresas, que forman parte de la gran cadena. En muchos casos, no es suficiente que las grandes empresas impactadas por las regulaciones se ocupen solo de las operaciones sobre las que tienen control directo.

En esta nueva ola normativa, sus proveedores deben ser incluidos en la búsqueda e implementación de soluciones y sistemas de gestión para asegurar el cumplimiento de las normas.

En definitiva, un enfoque proactivo hacia la normativa europea sobre información social y ambiental en la cadena de valor puede ofrecer ventajas a las empresas brasileñas, que, si invierten en prácticas y sistemas de gestión robustos, pueden obtener una mayor competitividad basada en una cadena de valor más resiliente. Esto sin duda interesa a los inversores brasileños e internacionales. Pero es necesario un plan para esta adaptación.