La firma del acuerdo se da en respuesta al creciente cierre de espacios para el ejercicio de los derechos humanos y la participación de la sociedad civil en la región.

Brasil es el país que contabilizó el más alto número de asesinatos de defensores de derechos humanos y socioambientales en 2017, alcanzando un total de 57 asesinatos en lo que va del año.