El Senado de Australia ha votado a favor de rechazar el impuesto especial a las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera, aprobado en 2011 y promulgado en 2012 durante el Gobierno de la laborista Julia Gillard. El impuesto inicialmente obligaba a las grandes empresas contaminantes a pagar unos 23 dólares locales (21,7 dólares estadounidenses, 16,1 euros) por tonelada de CO2 emitida. El plan incluía un aumento de un 2,5 por ciento en términos reales hasta 2015, año en que se daría paso al sistema de comercio de emisiones.