Representantes de 13 países industrializados, que generan 90 por ciento del comercio actual en productos ecológicos, se reunieron en Ginebra para regular el creciente comercio de “bienes verdes” en el marco de la OMC. El debate genera polémica por los productos que serían incluidos en la lista ya que una definición difusa podría encubrir una liberalización de este mercado con resultados no tan positivos. Costa Rica es el único país de América Latina que se sumó al lanzamiento de la negociación comercial de bienes ambientales.

El Senado de Australia ha votado a favor de rechazar el impuesto especial a las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera, aprobado en 2011 y promulgado en 2012 durante el Gobierno de la laborista Julia Gillard. El impuesto inicialmente obligaba a las grandes empresas contaminantes a pagar unos 23 dólares locales (21,7 dólares estadounidenses, 16,1 euros) por tonelada de CO2 emitida. El plan incluía un aumento de un 2,5 por ciento en términos reales hasta 2015, año en que se daría paso al sistema de comercio de emisiones.

¿Es suficiente considerar el cobro de 5 dólares por tonelada de CO2 que se emita a la atmósfera? ¿Qué impacto tendrá la reforma sobre los precios finales en energía? ¿Quién asumirá los costos? ¿Se encuentra Chile preparado para una reforma que incluya medidas ambientales como los impuestos verdes? Esta y otras interrogantes fueron abordadas en el panel "Reforma Tributaria, una mirada ambiental", realizada por la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile.

Según la organización social mexicana El Poder del Consumidor, las empresas Televisa, TV Azteca y Milenio TV se estarían negando a pautar un anuncio que expone los riesgos de las gaseosas  y los beneficios que puede traer para la población un impuesto a estas bebidas. Las empresas han rechazado el anuncio alegando falta de espacio y disponibilidad en sus grillas de programación.

EE.UU., Japón, el Reino Unido, Francia, Corea del Sur y China fueron los seis países nombrados por KPMG International como los más activos en el uso de impuestos como herramienta para impulsar el comportamiento empresarial sostenible y alcanzar los objetivos de la economía verde. Se trata de un nuevo ranking de KPMG sobre impuestos verdes que explora cómo los gobiernos están utilizando sus sistemas fiscales para responder a desafíos globales. 

La OCDE reconoció fallas en las normas fiscales internacionales. “Algunas multinacionales usan estrategias que les permiten pagar solo un 5% en el impuesto de sociedades, mientras las empresas más pequeñas están pagando hasta un 30%”, es el resultado principal del estudio encargado por el G-20 a la OCDE en 2012 con el fin de frenar la “erosión de las bases tributarias mundiales”.  La OCDE prometió elaborar un Plan de Acción para conseguir que las grandes corporaciones no eludan pagar impuestos.

El Instituto de Estudios Económico de España se muestra preocupado frente a la baja recaudación impositiva con objetivos ambientales. Cita los resultados del informe Eurostat para el año 2010, que muestra que en España los impuestos medioambientales recaudan un 5,2% sobre el conjunto de ingresos fiscales.

Con fecha 31 de diciembre de 2012, fue publicada en el Boletín Oficial la Resolución General 3.424, relativa a la creación del “Registro de Contribuyentes Socialmente Responsables” (RegistraRSE), el que formará parte de los Registros Especiales que integran el “Sistema Registral” y tendrá como principal objetivo el reconocimiento público de aquellos contribuyentes que, en virtud de su compromiso frente a la comunidad, evidencien un correcto y responsable comportamiento en los aspectos social, económico y/o ambiental.