La Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales del Senado aprobó por unanimidad el proyecto de ley que establece sanciones de hasta un millón de euros a las empresas que discriminen a las personas discapacitadas.

La ley Sarbanes-Oxley, impulsada por el gobierno norteamericano como respuesta a los mega fraudes corporativos, es considerada como un trámite burocrático por muchas compañías. Sin embargo, ¿por qué no verla como una oportunidad para mejorar la transparencia de los procesos? En este artículo de Carolina Fernández, de Ernst & Young para Materiabiz, se analizan los términos de este debate para convertir la amenaza en una oportunidad.

Esta semana se anunció oficialmente que Indonesia se ha convertido en el primer país del mundo en legislar la RSE, luego de que la Cámara de Diputados rechazara las objeciones que se hicieron a la Ley de Sociedades Anónimas. El Comité Especial que se formó para debatir el borrador del proyecto de ley se basó en experiencias similares de Holanda, Tailandia y China. Los legisladores eran conscientes de la inexistencia de leyes sobre el tema en el resto del mundo, pero entendieron que en Indonesia los hombres de negocios no estaban comprendiendo la RSE, cuestión que se evidenciaba en el incumplimiento de las leyes ambientales.

Con el objetivo de dar a conocer a la comunidad carabobeña los aspectos fundamentales sobre la entrada en vigencia de la ley para personas discapacitadas y la Responsabilidad Social Empresarial, presentada ante la Asamblea Nacional se llevó a cabo en el auditorio de el diario El Carabobeño, el foro "Ley de Responsabilidad Social Empresarial y Discapacitados", contando con el aval de la Universidad de Carabobo.

La Cámara de Diputados de Argentina inició el miércoles pasado el debate de tres proyectos de ley para tipificar como delito, en el Código Penal, el trabajo infantil, en una reunión conjunta de las comisiones de Legislación del Trabajo y de Legislación Penal. Diputados de bloques del oficialismo y de la oposición manifestaron su acuerdo en avanzar con la ley y se comprometieron a trabajar con la colaboración de la Comisión Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (CONAETI).

La ley tiene como objeto definir el marco normativo en el que sedesarrolle la actividad de fomento de los poderes públicos de la ComunitatValenciana en materia de ciudadanía corporativa y tiene particularrelevancia el que mediante las medidas de fomento que se prevén aflorey se haga patente la importante labor anónima de ciudadanía corporativaque, de manera asistemática y con una clara vocación solidaria,se viene desarrollando en esta Comunitat por empresarios y empresariasy profesionales autónomos anónimos.

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular en Valencia, ha anunciado ayer que desde su bloque, “se pide que continúen impulsando acciones para incentivar la responsabilidad social corporativa de las empresas”. El Grupo Popular ha registrado una Proposición no de Ley en la que se reivindica la petición “y en la que mostramos respaldo completo y firme al Ejecutivo valenciano para que continúe llevando a cabo acciones de este tipo”.

El diputado nacional Fernando Yarade presentó en la Cámara de Diputados el 21 de julio un proyecto de Ley sobre Responsabilidad Social Empresaria. El proyecto fija los institutos del Código de Conducta y de un “Balance Socio Ambiental” auditado por un contador. También propone incentivos fiscales y económicos. Es su elaboración colaboró la Federación Argentina de Consejos  Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE).

Proyecto de Ley sobre Responsabilidad Social Empresaria (RSE) presentado en julio de 2011 en la Cámara de Diputados de la República Argentina por el diputado nacional por la provincia de Salta, del bloque del Frente para la Victoria, Fernando Yarade

Algunos meses atrás la diputada bonaerense Adriana Cudós (FPV-Segunda sección electoral) ingresó en la Cámara Baja un proyecto de ley tendiente a establecer y promocionar en territorio bonaerense la Responsabilidad Social Empresarial, como un objetivo específico de las PyMEs tendiente a que –paralelamente al establecimiento de un "balance económico-financiero" (que deben conformar por ley las empresas) se proceda voluntariamente a conformar un "balance social". Conforme al proyecto, el Centro de Estudios para América Latina (CEPAL) envió un comunicado a la Cámara de Diputados de la Provincia con la firma de Georgina Núñez Reyes –encargada del seguimiento de la iniciativa de RSE del Pacto Global– como una forma de apoyar la iniciativa de la diputada Cudós.