Varios legisladores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires han manifestado su interés en declarar al 23 de Abril de cada año como el Día de la Responsabilidad Social Empresaria por conmemorarse en dicha fecha la adhesión de la Argentina a los principios del Pacto Mundial de Naciones Unidas. A partir de esta idea, incluso el Congreso Nacional tiene previsto realizar una declaración similar a la propuesta por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El proyecto es impulsado por la legisladora Luciana Blasco y Fernando De Andreis, del bloque del PRO. El Proyecto ingresó el día dos de julio y deberá ser revisado por las Comisiones Desarrollo Económico y Política de Empleos. Se espera que tenga tratamiento legislativo durante este año.

El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó este martes por unanimidad sendas proposiciones no de ley, impulsadas por el Grupo Socialista y el BNG y pactadas con el resto de los grupos parlamentarios, que insta al Ejecutivo a impulsar una gestión socialmente responsable de las administraciones públicas. La proposición no de ley reclama al Gobierno que tenga en cuenta las recomendaciones dirigidas a las administraciones públicas que recoge el Libro Verde y el Informe aprobado en el Congreso para promover la Responsabilidad Social de las Empresas. La propuesta aprobada por todos los grupos recomienda a todos los órganos de contratación, en todo el ámbito de la Administración General del Estado, que adopte medidas favorables a las personas con discapacidad, especialmente dedicar, siempre que sea posible, un número cierto de trabajadores con discapacidad, y la preferencia de adjudicación de contratos a empresas que acrediten un mayor porcentaje de personas con discapacidad.

El viernes 19 de junio se realizó en el Salón San Martín de la Legislatura de Buenos Aires la Jornada ¨La Responsabilidad Social Empresaria en la ciudad de Buenos Aires: casos aplicados a la cadena de valor¨, organizada por los diputados Luciana Blasco y Fernando De Andreis, junto a la Subsecretaria de Desarrollo Económico y la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad. Alrededor de 100 personas de distintos ámbitos asistieron a las exposiciones que brindaron representantes de empresas y organizaciones involucradas en el desarrollo de la RSE en temas de cadena de valor y producción mas limpia. Alejandra Toth, de Cromados Orejano y Reinaldo Martinez de Frigorífico Riosma, tuvo como objetivo mostrar los resultados obtenidos por estas dos pequeñas empresas a partir de su participación el programa Buenos Aires Produce más Limpio. Durante el seminario, se confirmó oficialmente que el Ejecutivo porteño enviará en los próximos días a la Legislatura un proyecto de ley que establece el criterio de voluntariedad que reforma la ley 2594, sancionada en 2007, que fijaba la obligatoriedad de los balances sociales.

El diputado nacional Luciano Fabris impulsa un proyecto de Ley denominado “Responsabilidad social de las empresas para garantizar que la producción de bienes y servicios se realice sin trabajo infantil” que fue girado  la comisión de Legislación del Trabajo, Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia en el mes de marzo. El Proyecto prevé la creación de una etiqueta para productos Sin Trabajo Infantil (STI) El Ministerio de Trabajo será la autoridad de aplicación.

La senadora nacional Silvia Giusti presentó un proyecto de ley con el objetivo de promover el reemplazo de las bolsas plásticas no biodegradables por bolsas biodegradables. La legisladora explicó a El Parlamentario que dichas disposiciones serán obligatorias para los titulares de supermercados, autoservicios, almacenes y comercios, para transporte de productos y/o mercaderías, así como para fabricantes, distribuidores e importadores de bolsas y sobres de polietileno. Agregó que el reemplazo será de forma gradual, pero una vez aprobada la ley, tendrán que implementarse dentro de los cuatro años siguientes.

Durante el mes de mayo, el Congreso de la República de Colombia abrió un espacio de diálogo y reflexión sobre la Responsabilidad Social y el rol que juegan los legisladores en su promoción. La iniciativa se llevó a cabo gracias a la Organización de Estados Americanos (OEA), que espera multiplicar esta iniciativa a más parlamentos de la región. Las experiencias de esta fase piloto se compartirán en el próximo Foro del Sector Privado de las Américas, en el marco de la Asamblea General de la OEA a celebrarse en junio en El Salvador.   

El Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma estudia el decreto que regula la creación del Consejo Autonómico para el Fomento de la Responsabilidad Social y el Registro de las empresas socialmente responsables. Esto supone un paso importante para el desarrollo de la Ley 15/2010 de 9 de diciembre de RSE de Extremadura. El Consejo será un órgano colegiado, asesor y consultivo del Consejo de Gobierno para impulsar y fomentar las políticas de RSE. En él estarán representados, de manera cuatripartita y paritaria, las administraciones públicas extremeñas, las organizaciones empresariales y sindicales de mayor representatividad, junto con las organizaciones del ámbito de la economía social, de los consumidores, de la discapacidad, del medio ambiente; y la Universidad de Extremadura.