Los Principios para la Inversión Responsable (PRI) presentan un nuevo compromiso de colaboración entre inversionistas sobre riesgos vinculados al agua en las cadenas de suministro agrícola. Una investigación de PRI destaca que las empresas de bebidas y alimentos, las empresas agrícolas y las empresas de retail son las que tienen la mayor huella hídrica. Se mantiene deficiente la gestión de riesgos en estas empresas. 

Los Principios para la Inversión Responsable (PRI por sus siglas en inglés) presenta una nueva guía para ayudar en la integración de los factores ambientales, sociales y de gobierno (ESG) dentro del capital privado.

La prestigiosa universidad se sumará a los Principios de Inversión Responsables (PRI por sus siglas en inglés) de la ONU. También anunció su participación de los cuestionarios del CDP y presentó un informe con resultados destacados en materia de reducción de emisiones en su último informe ambiental.

Los Principios para la Inversión Responsable (PRI) presentan un documento de trabajo que examina cómo los diferentes factores ambientales, sociales y de gobierno (ESG) se correlacionan con los rendimientos de los bonos, las calificaciones crediticias y, en última instancia, el rendimiento de la inversión.

Los inversores institucionales que manejan más de $ 2 billones en activos han identificado a la remuneración de los ejecutivos, el cambio climático y las normas laborales con la cadena de suministro como las áreas prioritarias para comprometerse con  empresas de su cartera durante el próximo año. En la encuesta realizada por la ONU en el marco de la Iniciativa PRI se les pidió a los usuarios del Centro de Información identificar las áreas prioritarias para el compromiso de colaboración que será coordinado por la Secretaría del PRI en los próximos 3 años.

La publicación y elaboración de esta guía estuvo a cargo del PRI ( Principios para la Inversión Responsable) junto a la iniciativa LEAD del Pacto Global. Se basó en una serie de debates entre un grupo diverso de inversores institucionales y empresas para identificar la racionalidad, viabilidad y eficacia de las prácticas corporativas que incluyen cuestiones ambientales, sociales y de gobierno (ESG)  dentro de los objetivos de gestión y los programas de incentivos.