El Informe presenta cifras del desempleo juvenil en Argentina y los vincula con el nivel y la calidad de la educación que reciben los jóvenes. Cuestiona la información publicada por el Ministerio de Educación de la Nación sobre el desempeño del sistema educativo por encontrarse muy atrasada. “Las consecuencias de los malos desempeños educativos emergen cuando los jóvenes tratan de conseguir un empleo y, por esto, muchos terminan con un empleo precario e informal o simplemente no buscando trabajo.”, afirma el informe. 

Se describe el esquema del Programa Progresar que consiste en otorgar un subsidio promedio mensual de $600 a los jóvenes entre 18 y 24 años de edad que no trabajen, o que lo hagan con remuneraciones inferiores al salario mínimo legal ($3.600), con la condicionalidad de que demuestren cursar estudios en una institución reconocida por el Ministerio de Educación o por el Ministerio de Trabajo. 

Para los académicos que participaron del informe, “las debilidades de diseño de este programa tienen entidad suficiente como para proyectar una baja eficacia respecto a los objetivos declarados y altos riesgos de promover la dependencia aperpetuidad del asistencialismo.” 

Cuestionan la calidad de la educación ofrecida por el sistema educativo, que en su estado actual, tiene nula o muy poca conexión entre los contenidos curriculares y las destrezas y saberes que el mundo del trabajo requiere. “Bajo estas condiciones, retomar estudios no facilita automáticamente la obtención de empleos.” 

Además, el informe cuestiona la escasa generación de puestos de trabajo para los jóvenes, sobre todo los provenientes de niveles socioeconómicos más bajos. “El agravante es que extender esta modalidad de otorgamiento de subsidios a personas que se encuentran en el inicio de su vida productiva (entre los 18 y 24 años de edad) resulta de extremo riesgo social. Existen altas probabilidades de inducir la dependencia pasiva del asistencialismo cuando es el momento más oportuno para promover el desarrollo personal, independiente y auto sustentado con la inserción laboral. (…) Es necesario que el programa esté acompañado de otras medidas integrales e integradoras que resuelvan las causas estructurales que afectan el pleno desarrollo de los jóvenes.”

El informe propone trabajar dos dimensiones, por un lado, en la dimensión de la “oferta laboral” para preparar mejor a los jóvenes para que estén en condiciones de acceder a puestos de trabajo de calidad.

Por otro lado, está la dimensión de la “demanda laboral”. Esto es, establecer regulaciones laborales propicias para que las empresas generen masivamente puestos de trabajos de calidad que se ajusten a la formación recibida por los jóvenes. El informe propone algunos ejemplos de estos modelos como el  alternar clases en el colegio con enseñanzas técnico-específicas y prácticas laborales en las empresas.

También recomienda revisar las regulaciones laborales que desalientan el ingreso de los jóvenes a las empresas. Por ejemplo, contratar a un joven como trabajador registrado obliga a cumplir con los mismos requisitos legales que contratar a un adulto.

“Dar el mismo trato regulatorio a un joven inexperto, con baja formación, y a un trabajador adulto, formado y con experiencia laboral, es un contrasentido que opera como un poderoso factor de discriminación en contra de los jóvenes.” 

Los académicos proponen  generar un marco legal propio para los pequeños emprendimientos productivos donde las relaciones de empleo son del tipo trabajo-trabajo (en contraposición a la relación capital-trabajado de las medianas y grandes empresas).

Otra propuesta involucra la exención de aportes y contribuciones (ANSES y PAMI) a los primeros 60 meses de la historia laboral. Es decir, la empresa que registra la contratación de un joven no es obligada a ingresar los aportes y contribuciones. El informe propone otras modificaciones al marco regulatorio para regir la relación de trabajo. 

“Los déficits de empleos para los jóvenes se originan en factores de oferta (déficit de pertinencia de la educación) y demanda (las regulaciones laborales discriminan a los jóvenes). Por eso, las propuestas de políticas deben tender a corregir de manera coherente e integral las deficiencias en ambas dimensiones. Lamentablemente, el Progresar profundiza el asistencialismo y no aporta soluciones genuinas a los problemas del empleo juvenil. Esto aumenta la pertinencia y urgencia de discutir ideas alternativas que tomen como eje central mejorar la formación para el trabajo y facilitar la creación de empleos para los jóvenes.”