Desde la iniciativa Empresas por la Infancia, liderada por UNICEF, Fundación Arcor y Save the Children, se desarrolló la investigación “Situación de la RSE y la infancia en Argentina” a través de la cual nos propusimos conocer las políticas y prácticas del empresariado argentino en relación con la niñez y la adolescencia. Ahí se pudo ver que los esfuerzos de las empresas vinculados con la infancia están principalmente centrados en iniciativas dirigidas hacia la comunidad (el 73% de las empresas afirma haber desarrollado este tipo de acciones en los últimos 3 años). En este ámbito, el 93% de las empresas elije como foco temático a la educación, entre los temas que trabaja. Se observó que las empresas que realizan acciones de Inversión Social Privada tienden a desarrollar en mayor medida acciones a favor de la infancia. 

Sin embargo, algunos de los resultados obtenidos muestran desafíos importantes para las empresas. Estos tienen que ver con falta de conocimiento de normas o estándares, o de su cumplimiento dentro de las organizaciones. Por ejemplo, el 33% de las compañías no conoce la ley sobre trabajo infantil en detalle; el 49% no ofrece una hora de lactancia materna hasta el año de nacimiento del hijo, más allá de que existe una normativa vigente al respecto; y casi un tercio desconoce si existe una normativa específica sobre la protección de los niños en su sector ya sea en la producción, comercialización o distribución de sus productos.

¿Qué grado de formalidad tienen estas prácticas empresarias? 

Existen varios factores importantes que podrían dar cuenta de la capacidad instalada dentro de la empresa en relación con estos temas. Por ejemplo, el grado de formalidad, la adhesión a estándares o certificaciones internacionales, los mecanismos de monitoreo y evaluación interna y la existencia de un área específica dentro de la empresa encargada de estos temas. En estas cuestiones, creemos que hay espacio para que se produzcan mejoras.

En primer lugar, existe un escaso desarrollo de políticas corporativas específicas dirigidas a garantizar el respeto por los derechos del niño en la empresa, por parte de las distintas áreas que podrían afectarlos (recursos humanos, marketing y comunicación, compras y proveedores, calidad y oferta de productos y servicios, entre otras).

Por otro lado, son pocas las empresas que cuentan con áreas específicas que lleven adelante las estrategias y acciones, y los mecanismos de evaluación son prácticamente inexistentes lo que impide lograr una mayor formalidad en las prácticas empresariales. Principalmente lo que nosotros observamos es que la RSE-I aún no es vista como un marco general que podría integrar y dar coherencia a las acciones de la empresa que buscan proteger los derechos del niño.

El reconocimiento del desafío es central para poder avanzar más rápidamente en prácticas empresariales consistentes con los derechos de la infancia.

¿Qué rol juega en este tema la gestión de riesgos y oportunidades en la cadena de valor de las empresas?

El trabajo infantil uno de los temas más tratados a la hora de hablar de cadena de valor. Sin embargo, a raíz de la investigación vimos que sólo el 40% de las empresas tienen conocimiento sobre si sus proveedores cumplen con las normativas sobre este tema y sólo el 16% cuenta con mecanismos de control o verificación de este cumplimiento. El porcentaje de empresas que conocen el desempeño de su cadena de valor en temas ambientales es mayor y asciende a un 57%. Aquí también hay desafíos pendientes porque la responsabilidad de las empresas está reconocida como una responsabilidad ampliada. Las compañías no sólo deben responder por las vulneraciones directas de derechos humanos, sino también por aquellas vulneraciones que pueden estar insertas en su red de subsidiarias, contratistas, proveedores, que debieron conocer y, en consecuencia, prevenir y remediar.