- ¿Qué condiciones debe tener una persona para beneficiarse de los microcréditos?
Para empezar, yo distinguiría lo que son los microcréditos en países desarrollados de los de en vías de desarrollo, donde muy poca gente tiene acceso a lo que es la banca formal o convencional. Partiendo de esa distinción, en el caso de los países desarrollados, los microcréditos son instrumentos que pretenden luchar contra la exclusión financiera y social, es decir, que están dirigidos a colectivos que no tienen garantías suficientes, sobre todo en lo que respecta a garantías patrimoniales que son las que suele exigir un banco o caja a la hora de conceder un crédito. Estamos hablando de colectivos como inmigrantes, mujeres con cargas familiares o familias monoparentales, discapacitados, ex reclusos, parados de larga duración, gente que quiere generar autoempleo o una microempresa y necesita un mínimo de capital, un mínimo préstamo, alguien que confíe en ellos, en su proyecto. Son personas que no tienen una nómina que les garantice la devolución del préstamo. Ése debería ser el perfil, y de hecho, ése es el perfil al que van dirigidos la mayor parte de los microcréditos que se gestionan en España.

- ¿Cree usted que hay un control eficiente en la asignación de microcréditos en España?
En mi opinión, hay bastantes cosas por mejorar. Lo que si que ha habido es una respuesta importante en cuanto a fondos dirigidos a estos microcréditos, bien a través de programas sociales, como puede ser la obra social de algunas cajas o dentro de lo que pueda ser el negocio financiero. Además, también ha habido una buena respuesta a través de iniciativas públicas, como es la línea de microcréditos del Instituto de Crédito Oficial (ICO) y algunas fundaciones que se han creado recientemente para gestionar este tipo de instrumentos. Es importante que el dinero esté disponible para estos créditos, aunque creo que no es lo único que importa. Además, hay que asesorar, ayudar al beneficiario de ese microcrédito en lo que es la gestión del negocio al que va dirigido.
Estamos hablando de microcréditos para el autoempleo o pymes, no para el consumo, entonces, si los beneficiarios de esos microcréditos son analizados, desde un punto de vista de buena capacidad de gestión empresarial, perfecto, pero sucede que, en muchos casos, las razones de exclusión social en la que viven hacen que puedan llegar a tener las capacidades pero no la formación suficiente, por lo que necesitan cierto asesoramiento para llevar a cabo el negocio que pretenden financiar con ese crédito. Y ahí es donde yo creo que falta bastante por hacer porque de eso depende el éxito o el fracaso de los programas de microcréditos, la capacidad de evolución, el que al final no sea una frustración más para esa persona que ha pedido el crédito y que es incapaz de devolverlo porque no ha tenido el apoyo técnico suficiente para desarrollar el proyecto empresarial que quería llevar a cabo.

- ¿Es por eso por lo que decía, en una entrevista concedida a Revista Futuros, que un microcrédito hay que ''adaptarlo a cada cultura, a cada sociedad y a los distintos tipos de beneficiarios''?
En esa ocasión, estaba tomando como referencia los países en vías de desarrollo, es decir, no es lo mismo los microcréditos que se conceden en Bangladesh que los que se dan en el norte de África o en países como Bolivia, Venezuela o Centroamérica. Depende, primero, de a quién va dirigido el microcrédito y de las condiciones en las que están estas personas. A veces, el tipo de interés tendría que estar, en cierta manera, subvencionado, porque sino las capas de población más pobres serían incapaces de hacer frente a la devolución del préstamo, sobre todo, en el caso de países de América Latina. Por el contrario, en otros países (como es el Sur de Asía), si que se lleva a las capas de población más pobres, con tipos de interés de mercado. Con todo esto quiero decir que el instrumento en sí es estándar, pero el cómo se gestione, los plazos de devolución del préstamo, los tipos de garantías (solidarias o no, tangibles o intangibles) que se pidan y el tipo de regulación que exista al respecto en ese país (pues hay países donde hay más intervención pública, como es el caso de Venezuela y otros donde es menor la intervención) es diferente en función de la cultura, la sociedad y los beneficiarios a los que va dirigido el microcrédito.

- Su trabajo en 'Economistas Sin Fronteras' (EsF) se centra sólo en el apoyo a la gestión de ONG españolas, ¿no han pensado en ampliar su mercado al extranjero?
A pesar de que nuestro apoyo se centra fundamentalmente a ONG españolas hemos asesorado y estamos asesorando también a países de América Latina en lo que se refiere, sobre todo, a microfinanzas y microempresas. En la República Dominicana, por ejemplo, hay un proyecto llamado 'Fondo Rotatorio', en el que no solo ayudamos a obtener el fondo sino que además asesoramos en su funcionamiento.

- Estos proyectos que desarrollan, ¿tratan sólo de temas puntuales o cabe la posibilidad de que, en un futuro, se amplíen las fronteras a ONG de otros países?
No, nosotros no tenemos implantación fuera de España, trabajamos en los proyectos en los que podemos aportar nuestra filosofía, es decir, en lo relativo a la cooperación al desarrollo como, por ejemplo, conocer cómo se puede hacer un plan de negocio, como analizar, financieramente, los resultados de esa actividad económica, el mercado potencial al que van dirigidos los productos o servicios de ese proyecto empresarial, etcétera. Eso es lo que nosotros intentamos aportar a proyectos que otras asociaciones lideran.

- Y respecto a las inversiones éticas, ¿cuál cree que es la razón por la que en España no se terminan de asentar?
Bueno, yo confío en que llegue el momento. El problema hasta ahora es que los que promovemos, de alguna forma, el mercado de empresas socialmente responsables, no terminamos de coordinarnos. Creo que las organizaciones que, desde hace ya tiempo, trabajamos para fomentar esto, deberíamos de crear una red o un fondo, como ocurre en otros países. Por otra parte, las instituciones gestoras de estos fondos también tienen un protagonismo importante: el de fomentar y orientar al mercado, el dar a conocer estos productos a su clientela y de dar confianza en ese producto. En definitiva, que realice una tarea de transparencia, pues yo creo que eso ayudaría para que en España despegara el mercado. Por otra parte, también hay una importancia en el sector público, pues de alguna forma tiene que incentivar al mercado gestionando parte del fondo público con criterios de RSC.

- ¿Cómo incentivar a una empresa para prestar ayuda a países pobres? ¿Qué ganancias supondría para ella?
Lo primero que una empresa tiene que hacer para contribuir a que un país se desarrolle sosteniblemente es que el negocio se gestione con criterios de sostenibilidad, es decir, que tenga en cuenta los impactos que esa actividad empresarial está teniendo en ese país -- no solo los impactos o beneficios que puedan tener sobre los accionistas de esa empresa sino también sobre la sociedad a la que va dirigida o donde esté implantado ese negocio--, el medioambiente o el entorno donde esa actividad se desarrolla -- sobre todo si es una actividad con cierto riesgo medioambiental -- y la población --beneficiaria de los productos y servicios a los que va dirigido--. Habría que tener en cuenta también las carencias del sector público ya que en muchos países obligan a que, casi por necesidad, las empresas tengan que llevar a cabo proyectos de esa infraestructura como ayuda social o filantropía. En un país como el nuestro, por el contrario, esto recae exclusivamente en el sector público.

- Para terminar, ¿Cómo ve el futuro de la RSC en España?

Bueno, yo creo que después de muchos años de fuerte crecimiento, debate y explosión de lo que es este término, ya se va entendiendo, al menos un poco, lo que significa y hacia dónde va la empresa en los nuevos años, en los nuevos siglos. Mi opinión es que las autoridades públicas, que son quienes al final representan los intereses de la sociedad, sean quienes orienten y de alguna forma delimiten qué es la RSC, qué aspectos hay que valorar y qué peso hay que darle a esos aspectos dentro de la responsabilidad social. Además, las autoridades públicas deben orientar un poco tanto a la empresa, sobre dónde tiene que centrar más la atención en responsabilidad social, como al consumidor y al inversor, sobre qué tiene que exigir a la empresa y a cualquier organización en términos de responsabilidad social.

Hay que tener en cuenta que cuando hablamos de responsabilidad social también nos estamos refiriendo a los derechos sociales y medioambientales que afectan a ciudadanos tanto dentro como fuera de España y que son los poderes públicos quienes tienen que garantizar que esos derechos se cumplan. Por eso, son éstos quienes, de alguna forma, deberían definir qué es lo que interesa en este momento y cuáles son los derechos que conviene proteger más. Mi reflexión sería que para evitar que se desgaste el término RSC los poderes públicos, a partir de políticas de transparencia dirigidas a empresas y al consumidor, sea quien delimite qué es y qué importancia se da a los distintos ámbitos de la RSC.
(Responsables.biz)