Para Greenpeace,  los esfuerzos del actual Gobierno de España por mejorar las nefastas políticas climáticas de las últimas décadas son insuficientes para cumplir con los compromisos internacionales adquiridos y para compensar la falta de acción de los gobiernos anteriores. Por ello, la organización solicitó al poder judicial que obligue al Gobierno a aumentar su ambición climática, en cumplimiento de las obligaciones adquiridas a nivel internacional.

“España lleva años emitiendo Gases de Efecto Invernadero (GEI) por encima del límite establecido: aunque el reparto comunitario de esfuerzos para el cumplimiento del Protocolo de Kioto, permitió a España incrementar sus emisiones en un 15% respecto a las de 1990 en el periodo 2008-2012; en lugar de tener que reducirlas como la mayoría de Estados de la UE, España incrementó sus emisiones hasta en un 54% en 2007”, indicó Lorena Ruiz-Huerta, abogada de Greenpeace España.

Los litigios climáticos son procedimientos judiciales que pueden dirigirse contra grandes corporaciones –por su actividad altamente contaminante– o contra los Gobiernos de los Estados, por su falta de acción ante el cambio climático. Los litigios que se dirigen contra los Gobiernos, como el de Greenpeace, tienen como objetivo lograr el cumplimiento de los compromisos internacionales adquiridos, así como la exigencia de responsabilidad por la falta de políticas de mitigación del cambio climático que puede constituir una vulneración grave de los derechos fundamentales de la ciudadanía.

“El Gobierno ha incumplido el Reglamento (UE) 2018/1999, de 11 de diciembre de 2018, sobre la gobernanza de la Unión de la Energía y de la Acción por el Clima, que establece que debían haber aprobado un Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) y una Estrategia a Largo Plazo (ELP) con carácter definitivo el pasado mes de diciembre. Además, el borrador proyectado por el Gobierno no está en línea con el Acuerdo de París y las recomendaciones científicas del Panel Intergubernamental del Cambio Climático de Naciones Unidas (IPCC) para no superar 1,5 ºC. España debe asumir una reducción de las emisiones GEI de al menos el 55% en 2030 respecto a 1990 y el cero neto de las emisiones en 2040”, indican los voceros de Greenpeace.

“En los borradores de previsión de reducción de las emisiones del Gobierno, se proyecta una reducción de emisiones anual de un 3% aproximadamente (variando ligeramente según el año) entre 2020-2030, muy lejos de las recomendaciones científicas mencionadas. Para el año 2030 se prevé únicamente una reducción del 23% respecto a 1990, y en la Estrategia a Largo Plazo se propone la descarbonización en 2050, cuando tanto por nuestra capacidad, como por nuestra responsabilidad como país industrializado, debemos alcanzarla antes de 2040”.

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