En 2020 publicamos el artículo “El Mapa de avances de América Latina y el Caribe en Finanzas Sostenibles” y casi dos años después, nos gustaría responder a la pregunta ¿Y cómo siguen avanzando las Finanzas Sostenibles en América Latina y el Caribe?”.

En estos últimos dos años en que hemos vivido una pandemia por el COVID-19, ha habido un aumento de la concientización sobre la relevancia de las Finanzas Sostenibles dado que son más los desafíos para todos los sectores, incluyendo empresas, sector financiero, gobiernos, sociedad civil, entre otros. Más que nunca es necesaria una recuperación financiera sostenible que equilibre la prosperidad económica con el cuidado de las personas y la protección del medio ambiente.

La Unión Europea (UE), por ejemplo, a través del NextGenerationEU, aprovecha esta oportunidad como única para salir reforzados de la pandemia, transformando así su economía, buscando conservar el medio ambiente y creando empleos, a través de una transición justa. El presupuesto a largo plazo de la UE, junto con NextGenerationEU, instrumento temporal concebido para impulsar la recuperación, es el mayor paquete de estímulo que jamás se haya financiado en Europa, con un total de 2,018 billones de euros, ayudando así a reconstruir la Europa post-COVID19. Europa será así más ecológica (por ej., el 30% de los fondos de la UE están destinados a la lucha contra el cambio climático, el mayor porcentaje en la historia del presupuesto europeo), más digital y más resiliente a realidades actuales e incertidumbres del futuro.

En el caso de América Latina y el Caribe, hemos visto que la recuperación económica transformadora post-COVID19 migra hacia la sostenibilidad a nivel de cada país. Los bonos verdes, sociales y sostenibles han avanzado de forma importante en 2020 y 2021, con cifras récord en la emisión de este tipo de bonos que hace que vaya ganando relevancia en el mercado de renta fija a nivel mundial, sobre todo en Europa y América Latina. La emisión de bonos verdes en América Latina y el Caribe creció de 13.600 millones de USD en septiembre de 2019 a 30.200 millones de USD a fines de junio de 2021, en menos de dos años. Chile es el líder en la región por volumen de emisiones, especialmente de bonos verdes soberanos. Por número de emisiones, Brasil y México llevan el liderazgo, lo que ha permitido el desarrollo de sus respectivos mercados. Los emisores soberanos y corporativos prevalecen en el mercado. Según el “Latin American & Caribbean: Sustainable Finance State of the Market 2021”, son ya 14 el número total de países emisores en la región de bonos verdes, sociales y sostenibles.

El mercado de bonos ASG a nivel global, especialmente en América Latina, ha incorporado un nuevo tipo de bonos sostenibles conocidos como bonos ligados a la sostenibilidad (“Sustainability-Linked Bonds” o “SLBs”, en inglés). La urgencia de responder a la crisis ha hecho que los bonos sociales y SLBs ganen cada vez más. Los SLBs son bonos cuyas características financieras pueden variar dependiendo de si el emisor logra objetivos de sostenibilidad en un tiempo definido. Los emisores se comprometen a futuras mejoras en los resultados de sostenibilidad a través de objetivos de rendimiento de sostenibilidad, los que se contrastan con indicadores claves de desempeño (KPIs), y una de las diferencias con los bonos verdes o sociales es que los SLBs permiten que los recursos obtenidos de la emisión sean utilizados para fines generales. En países como México o Brasil, se ha dado una significativa irrupción de los bonos SLBs.

Cabe mencionar que en 2021, el BID y BID Invest lanzaron la Plataforma de Transparencia de Bonos Verdes (GBTP, por sus siglas en inglés), una innovadora herramienta digital que aporta mayor transparencia al mercado de bonos verdes de América Latina y el Caribe para impulsar el financiamiento verde en la región y el desarrollo de los mercados de capitales en la región. Los inversores pueden obtener en la plataforma datos sobre el rendimiento, impacto y metodologías de cada bono verde en la región, y también utilizar filtros para visualizar el desempeño ambiental utilizando distintos criterios.

En el mapa de Finanzas Sostenibles (con foco en banca) elaborado por UNEP FI, vemos que en muchos países donde ya se habían instalado las Finanzas Sostenibles, se han dado nuevos acuerdos voluntarios, iniciativas y regulaciones, y aparecen nuevos países como Bolivia y Honduras.

Veamos cuáles son algunas de las novedades de este último par de años:

Brasil, Colombia y México siguen encabezando los esfuerzos de promoción de las finanzas sostenibles. El IFC incluye a esta tríada (Colombia, Brasil y México) en su reporte 2021.
 

Brasil

Recordemos que Brasil es el país pionero en Finanzas Sostenibles en la región, que cuenta desde 1995 (actualizado en 2009) con un Protocolo Verde, es decir, un acuerdo voluntario entre la banca y gobierno abordando tres áreas principales: 1) Análisis de Riesgos Ambientales y Sociales (ARAS); 2) Ecoeficiencia Corporativa en la Institución Financiera (ECIF); y 3) Financiación de productos y servicios sostenibles. Además, cuenta con una regulación desde el 2014 del Consejo Monetario Nacional de Brasil a los bancos en gestión de riesgos ambientales y sociales (Reg. CMN 4327/14), replicado posteriormente al resto del sector financiero. El Marco SARB 14/2014 (Sistema de Autorregulación Bancaria) viene alineado a esta regulación, para apoyar a los bancos a cumplirla.

En 2020, la Federación Brasileña de Bancos (FEBRABAN) revisó y mejoró el Marco SARB 14/2014 que sirve para la creación e implementación de una Política de Responsabilidad Socioambiental en los bancos según sus necesidades y capacidades (principios de la relevancia y la proporcionalidad).

El Banco Central de Brasil tiene una Política y Comité de Sostenibilidad para sus operaciones y compara la evaluación de riesgos ambientales y sociales de los bancos y los planes de acción con los suyos propios desde 2018. En 2020, se realizó el lanzamiento de la “Dimensión de Sustentabilidad” de la agenda estratégica del Banco Central de Brasil, que sirvió como base para que, en 2021, el Banco Central lanzara la Consulta Pública núm. 85, la cual ya finalizó, con el fin de revisar su regulación existente. En esta misma línea, desde el 2023, los bancos estarán obligados a reportar sobre temas climáticos, es decir, ya no solo en aspectos sociales y ambientales (SA), sino también en climáticos (SAC), estando todas estas directrices alineadas completamente con el Task Force on Climate Related Financial Disclosures (TCFD).

Ya en 2019 y bajo el liderazgo de FEBRABAN, se creó una hoja de ruta para el sector bancario brasileño en cuanto a la implementación del TCFD y una Herramienta de evaluación de la sensibilidad al riesgo climático - Guía de implementación para bancos. En 2021, FEBRABAN empezó a aplicar su Taxonomía Verde a las carteras de crédito de los bancos.
 

Colombia

En Colombia, donde hay un Protocolo Verde de la banca desde 2012 (ampliado a todo el sector financiero en 2018), ha tenido muchos progresos en Finanzas Sostenibles estos últimos dos años.

La Superintendencia Financiera (SFC) publicó en 2020 una guía y Reglamento de Mejores prácticas de bonos verdes para promover el desarrollo del mercado de bonos verdes en el mercado de capitales colombiano.

La SFC hace escenarios de análisis y tests de estrés de las carteras de los fondos de pensiones para mitigar el riesgo, y está realizando un análisis de la vulnerabilidad de la banca en relación con el clima y los riesgos de transición con el fin de fundamentar las orientaciones normativas que se prevén en cuanto a la gestión y divulgación de este tipo de riesgos climáticos.

La Asobancaria, la cual se está preparando para la evolución de la agenda regulatoria del riesgo climático, está incluyendo elementos de gestión del riesgo climático como parte de la actualización de 2021 del Protocolo Verde, que busca crear capacidades del sector financiero en torno a prácticas y normas.

En Colombia se creó la Mesa de Taxonomía Verde conformada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenibles (MADS), el Departamento Nacional de Planeación (DNP), el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), la Superintendencia Financiera (SFC) y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP). El Climate Bonds Initiative (CBI) ha sido technical advisor. La Mesa se encargó de la coordinación del diseño e implementación de esta primera fase de la Taxonomía Verde, y se invitó a consultar los documentos técnicos y remitir sus comentarios en octubre de 2021 para ser parte del proceso de construcción de la Taxonomía Verde de Colombia. El país realizará el lanzamiento formal de su Taxonomía en 2022.
 

México

México, que cuenta con un Protocolo de Sostenibilidad desde el 2016, ha tenido muchos avances estos últimos dos años.

En 2020, la Asociación de Bancos de México (ABM) lideró el 1er Informe de Desarrollo Sostenible del Sector Bancario alineado a la Agenda 2030, y también realizó el 1er Informe de avance del Protocolo de Sustentabilidad de México, generó una hoja de ruta de financiamiento verde y la primera propuesta de elementos para el desarrollo de la taxonomía para el financiamiento verde en México, además en 2021 se unió al Task Force on Climate related Financial Disclosures (TCFD) y apoyó la creación del Consorcio TCFD México que sirve de enlace entre sector financiero y no financiero para integrar y divulgar los aspectos ASG y climáticos al interior de las empresas.

El Banco Central de México (Banxico) y el PNUD realizaron el lanzamiento del Informe sobre “Riesgos y oportunidades climáticas y ambientales en el sistema financiero de México: del diagnóstico a la acción”.

En 2020, se creó el Comité de Finanzas Sostenibles por parte del Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero.

El Consejo Consultivo de Finanzas Verdes (CCFV) solicitó a Emisoras sobre Divulgación de Información Ambiental, Social y de Gobierno Corporativo (ASG).

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) se convirtió en Miembro del Task Force on Climate related Financial Disclosures (TCFD) y del Task Force on Nature related Financial Disclosures (TNFD).

También en 2020, México se convirtió en el primer país de la región en emitir un Bono Soberano ODS (850 millones USD) y el Programa de Naciones para el Desarrollo (PNUD) emitió un año después una opinión acerca del Informe de Impacto de dicho bono. En 2021, el país realizó la segunda emisión de Bono Soberano ODS (1.477 millones USD). En México se ha dado además una importante irrupción de los bonos SLBs.

En 2021, el Banco Central de México (Banxico) creó internamente una nueva dirección de Análisis y Políticas de Riesgos Ambientales y Sociales.

México está desarrollando actualmente una Taxonomía Sostenible a nivel nacional para buscar inversiones que sean favorables para la sociedad y el medio ambiente.
 

El resto de Sudamérica sigue avanzando y nuevos países se incorporan al mapa de las Finanzas Sostenibles

En Paraguay, en 2021 se creó la Alianza Público-Privada de Finanzas Sostenibles, conformada por la Mesa de Finanzas Sostenibles (MFS) que incluye a casi todo el sector bancario desde el 2012, y al sector gubernamental (Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, Superintendencia de Bancos del Banco Central del Paraguay y el Instituto Forestal Nacional).

Recordemos que en 2018, el Banco Central del Paraguay (BCP) emitió la Resolución No. 8/2018 "Guía para la Gestión de Riesgos Sociales Ambientales para Entidades Reguladas y Supervisadas". La aplicación de estas regulaciones es obligatoria para todas las entidades supervisadas. En 2020, el BCP se unió como Miembro a la Red para Enverdecer el Sistema Financiero (NGFS, por sus siglas en inglés). En 2020, la Comisión Nacional de Valores (CNV) realizó el lanzamiento del marco regulatorio y pautas relacionadas con los bonos ODS (bonos verdes, sociales y sostenibles), con el apoyo de WWF Paraguay y UNEP FI.

En Perú, a finales de 2020, la Asociación de Bancos (Asbanc), la Asociación de Instituciones de Microfinanzas (Asomif), la Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (Fepcmac), y el Ministerio del Ambiente (Minam) suscribieron los compromisos del “Protocolo Verde” con el fin de promover proyectos sostenibles que prioricen el componente ambiental en sus operaciones, en el marco de la reactivación económica del país. El primer “Protocolo Verde” se firmó en el 2015 entre el Minam y Asbanc (su vigencia fue de dos años). La versión actual tiene un enfoque más ambicioso y tiene criterios establecidos para proyectos con enfoque ambiental en su cartera de inversiones. Perú cuenta con un “Reglamento para la Gestión del Riesgo Social y Ambiental” desde el 2016, emitido por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

En Chile, después de los importantes avances que se dieron en 2019 en materia de Finanzas Sostenibles, con la creación de la Mesa público-privada de Finanzas Verdes, los hitos de la Mesa (Acuerdo Verde, una Declaración Conjunta de las Autoridades Financieras frente al Cambio Climático, hoja de ruta 2020 – 2024), y la publicación de la primera Estrategia Financiera frente al Cambio Climático liderada por el Ministerio de Hacienda, hubo también importantes progresos como empezar a discutir sobre el potencial desarrollo de una Taxonomía de Actividades. En el Plan de Taxonomía de Actividades lanzado en mayo de 2021, se tienen en cuenta las experiencias internacionales en la materia, se analiza la ecuación costo-beneficio de desarrollar dicha taxonomía para el país, se discute cuáles podrían ser las mejores opciones para desarrollarla, balanceando la adopción de estándares internacionales con la necesidad de adaptarlos al contexto país. Es decir, que Chile desarrolló una hoja de ruta junto con el Climate Bonds Initiative (CBI) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para Taxonomía, y en enero de 2022 el Ministerio de Hacienda anunció la creación de un Comité preparatorio para el desarrollo de una Taxonomía Verde en Chile, además de la creación de una Oficina de Finanzas Verdes. El país cuenta con una estrategia de hidrógeno verde, busca posicionarse como líder mundial en la materia, y se ha estado impulsando el financiamiento a través de instituciones como CORFO.

En noviembre de 2021, en el marco de la COP 26 realizada en Glasgow (Escocia), la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) publicó una normativa que incorpora exigencias de información sobre sostenibilidad y gobierno corporativo en las Memorias Anuales. La normativa será aplicable a entidades supervisadas por la CMF como bancos, aseguradoras, emisores de valores de oferta pública, administradoras generales de fondos y bolsas de valores. En línea con los estándares internacionales, se busca que dichas instituciones reporten sus políticas, prácticas y metas adoptadas en materia ASG para que los inversionistas y el público en general puedan evaluar y seleccionar las alternativas que estén mejor preparadas para identificar, evaluar y gestionar sus riesgos.

Ecuador, que cuenta ya con un Protocolo de Finanzas Sostenibles desde el 2016, en el 2020 se creó la “Iniciativa de Finanzas Sostenibles (IFS)”. La IFS es una alianza público-privado-academia, que cuenta con el apoyo de organismos internacionales, con el objetivo de catalizar el impacto favorable que las finanzas sostenibles y la inversión de impacto pueden traer a la economía ecuatoriana en un contexto de recuperación económica post-pandemia y la necesaria transición a un modelo de desarrollo sostenible.

En 2020, la Bolsa de Valores de Quito publicó las Guías sobre Bonos Verdes, Sociales y Sostenibles. Ese mismo año, Ecuador emitió el primer Bono Soberano Social del mundo, con apoyo de una garantía del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). La emisión de 400 millones de USD con garantía de 300 millones de USD del BID, tenía como objetivo dar acceso a vivienda digna y asequible a más de 24.000 familias y movilizar cerca de 1.350 millones de USD en inversiones en el sector vivienda. Por otro lado, se ha dado también un incremento de emisiones de bonos verdes/sociales/sostenibles del sector privado en Ecuador.

En Argentina, tras el lanzamiento en 2019 del Protocolo de Finanzas Sostenibles junto con 18 bancos con los que se fundó, hubo avances como el proyecto denominado “Enverdecimiento de las finanzas en Argentina para combatir el cambio climático y promover la inclusión” que nació en 2021. Dicho proyecto desarrollado por CARBON TRUST, GENESIS Y MEXICO2, financiado por el Green Recovery Challenge Fund del UK PACT, busca crear capacidades específicas para apoyar al enverdecimiento del sistema financiero argentino para mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) con foco en la agroindustria, y promoviendo la mejora en el acceso de las PYMES (que representan el 97% del empleo y el 85% del PIB en Argentina) a la financiación sostenible.

En Bolivia, la Red del Pacto Global Bolivia con el apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (ASOBAN), crearon la primera Mesa de Finanzas Sostenibles en Bolivia a mediados de 2020 con el objetivo de iniciar el diálogo alrededor de las finanzas sostenibles en el país. A dicha Mesa se invitó a organizaciones de los sectores bancarios, corporativo, de seguros y mercado de capitales, así como a las organizaciones más representativas de cada uno de estos gremios empresariales, aglomerando actualmente a más de 20 organizaciones activas.

Iniciando actividades bajo el liderazgo empresarial de Capital+ SAFI y BancoSol, la Mesa de Finanzas sostenibles en su etapa inicial enfocó sus esfuerzos en la promoción y sensibilización sobre la materia dentro del sector financiero en el país con webinars y capacitaciones generales captando un primer amplio espectro del sector financiero para luego iniciar con la sensibilización y capacitación específica por sectores, incluyendo en estos a: I) La banca, II) seguros y III) mercado de capitales. Habiendo promocionado las bases, el siguiente paso consistió en comprometer a la alta gerencia del sector bancario dentro de reuniones de trabajo entre pares a nivel local y regional.

Concluyendo las previas etapas, la Mesa de Finanzas Sostenibles comprende actualmente dos proyectos iniciados la pasada Gestión habiendo realizado I) El Primer Foro Internacional de Finanzas Sostenibles, este es el primer encuentro internacional con la finalidad de visibilizar y promover los avances a nivel regional y global en materia de Finanzas Sostenibles donde se encontraron dentro de 3 días más de 30 expertos locales, regionales y globales de distintas ramas del sector financiero, gremios y organizaciones multilaterales. De igual manera y complementando el trabajo realizado en la última gestión, la generación de una II) Hoja de Ruta a largo plazo y estudio situacional sobre el avance de las Finanzas Sostenibles en el país producido con el apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) sentarán las bases para el trabajo 2022 y el fortalecimiento de la Mesa de Finanzas Sostenibles y evolución de la materia en el país.
 

Centroamérica también muy activa en Finanzas Sostenibles

Panamá, que cuenta con un Protocolo de Finanzas Sostenibles, así como con un Grupo de Trabajo sobre Finanzas Sostenibles desde 2018, y regulación del riesgo ambiental y social de la Superintendencia de Bancos de Panamá desde 2017, ha iniciado gestiones para empezar a desarrollar una Taxonomía en Finanzas Sostenibles. Además, en 2020, la Bolsa de Valores de Panamá publicó las Directrices para Reporte Voluntario y Divulgación de factores ASG.

Costa Rica, que cuenta con un Protocolo Verde desde 2019 e integra a bancos y otros operadores de crédito, ha tenido progresos importantes en materia de Finanzas Sostenibles. BAC Credomatic (Regional), Banco Promerica (Costa Rica) y Coopeservidores firmaron en 2021 la adhesión al Net Zero Banking Alliance de UNEP FI para apoyar la implementación de estrategias de descarbonización y se adhirieron también a los Principios de Banca Responsable de UNEP F con el fin de alinear su estrategia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y el Acuerdo de Cambio Climático de París.

Se realizó la emisión de 2 Bonos Verdes en Costa Rica. Una fue del Banco Popular y de Desarrollo Comunal y los recursos irán dirigidos a refinanciar líneas de crédito verdes como proyectos de energía renovable, eficiencia energética y gestión del agua. La otra emisión, que cuenta con la certificación del Climate Bonds Initiative (CBI), fue del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), que captar recursos para refinanciar una porción de la deuda existente relacionada con la construcción de una Hidroeléctrica.

Costa Rica se convirtió en el primer país en Centroamérica en hacer obligatoria la adopción de la inversión ASG por parte de inversionistas institucionales y establecer incentivos a los emisores temáticos. La Bolsa Nacional de Valores impulsó la Ley para promover la inversión responsable.

BN Valores creó el Primer Fondo de Inversión temático con triple impacto (ambiental, social y económico) en Costa Rica.

El Salvador es el único país de la región donde existen dos Protocolos. Uno de ellos es para bancos privados miembros de la Asociación de Bancos Salvadoreños (ABANSA), con el apoyo de BID Invest. El Protocolo Verde para bancos públicos que tiene como contraparte al Ministerio de Medio Ambiente, cuenta con un Informe de Desempeño del Protocolo con datos al cierre 2020 y el informe de 2021 se trabajará próximamente.

Honduras se incluye al mapa de Finanzas Sostenibles al publicar en el año 2020 la “Norma para la Gestión del Riesgo Ambiental y Social aplicable a las instituciones del Sistema Financiero” (Circular CNBS No. 028/2020).

En la República Dominicana, país en el que existe un Protocolo Verde que fue establecido en 2018 por la Corporación Financiera Internacional (IFC), brazo privado del Banco Mundial, y la Asociación de Bancos Comerciales de la República Dominicana (ABA), también ha visto progresos en Finanzas Sostenibles. La Superintendencia del Mercado de Valores creó las guías de bonos verdes para estandarizar las buenas prácticas para emisores, y el IFC junto con la Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana (SIMV) están desarrollando una Taxonomía Verde desde 2020 y se busca que dicha metodología tenga base en las mejores prácticas de la Unión Europea.

En suma, vemos que las Finanzas Sostenibles en América Latina y el Caribe son imparables, aunque es crucial canalizar con urgencia financiamiento a mayor escala hacia una economía sostenible, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y el Acuerdo de Cambio Climático de París. Sigue siendo de enorme relevancia la creación de políticas gubernamentales, regulación y supervisión financiera, alianzas público-privadas, transparencia en la información y generación de capacidades. En torno a este último punto, UNEP FI junto con sus socios ha capacitado a miles de personas de sector financiero, gubernamental y otros, en Finanzas Sostenibles en estos últimos años; y en 2020, UNEP FI junto con la CAF – Banco de Desarrollo de América Latina, ImplementaSur, y en colaboración de la Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN), publicaron el reporte “Cómo los bancos incorporan el cambio climático en su gestión de riesgos – 1ª encuesta en América Latina y el Caribe”. En marzo de 2022, UNEP FI, la CAF, la Asociación Española de Bancos (AEB) y Sitawi, realizarán el lanzamiento del reporte de “Productos financieros verdes innovadores en la banca: Una comparación entre España y Latinoamérica y el Caribe”, y UNEP FI también publicará en mayo un reporte sobre “Estructuración de instrumentos financieros y políticas públicas para escalar en América Latina y el Caribe”.