Para lograrlo es necesario disminuir drásticamente las emisiones de CO2, la pérdida de biodiversidad y el consumo de agua; por ejemplo, el país tendría que haber reducido su huella de carbono per cápita en más de un 90%, según un estudio de Greenpeace Suiza.

Quienes estaban a favor de la iniciativa, entre ellos los socialistas y una coalición de ONG, no concretaron cómo se podría llevar a cabo, aunque afirmaron que se tendría que haber llevado a cabo de forma “socialmente aceptable” y en un plazo de diez años. El Parlamento era el encargado de concretar los detalles.

La iniciativa tuvo un rechazo fue mayor de lo que pronosticaban las encuestas previas a la votación: al final, el 69,8% del electorado rechazó la “iniciativa de responsabilidad medioambiental”, y ni uno solo de los 26 cantones (Estados) del país se pronunció a favor. La participación fue del 38%, muy por debajo de la media, en torno al 45%.

Luego del resultado, los Jóvenes Verdes declararon que el resultado marcaba una victoria para quienes “defienden el statu quo”, que ignoraban las advertencias científicas sobre la crisis ecológica. “La campaña de la oposición había utilizado tácticas de alarmismo para desviar la atención de la protección del planeta y centrarla en el temor a las pérdidas económicas”, afirmaban los Jóvenes Verdes en un comunicado de prensa.

Durante toda la campaña, los opositores -incluidos el Gobierno y la mayoría del Parlamento- argumentaron que aceptar la iniciativa sería malo para las arcas del Estado. Las empresas y determinados puestos de trabajo podrían verse tentados a trasladarse al extranjero, mientras que los consumidores se enfrentarían a precios más elevados, según el gobierno. 

En cuanto al desenlace de la votación, según Année Politique Suisse, un grupo de investigación de la Universidad de Berna, indicaron que la cobertura mediática de la iniciativa estuvo muy por debajo de la media. Otras razones pueden haber sido los bajos presupuestos de campaña (de ambas partes) y “acontecimientos mediáticos concurrentes”.