La Consulta fue inaugurada por el Ministro de Justicia y Derechos Humanos de Chile, Hernán Larraín, el Secretario de la Comisión de la CEPAL, Luis Yáñez y la representante de ONU Derechos Humanos para América del Sur, Birgit Gerstenberg, quienes destacaron la consolidación de la Consulta como un espacio pionero en el mundo para la convergencia entre las partes interesadas en la materia.

En el Primer Panel moderado por Dante Pesce, Presidente del Grupo de Trabajo de Empresa y Derechos Humanos de la ONU, se destacaron los aprendizajes de las anteriores tres consultas que dieron como resultado que el foco de esta cuarta consulta sea “garantizar la coherencia política a nivel regional y nacional". 
Los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos y Empresas (Principios Rectores) y la Guía de Debida Diligencia de la OCDE de 2018 fueron los instrumentos de referencia más mencionados durante la Consulta. Christine Kaufmann, presidente del grupo de trabajo de conducta responsable de la OCDE, destacó al respecto: "Las directrices de la OCDE para empresas multinacionales fueron revisados cinco veces lo que demuestra que aprendemos. Pero no era suficiente y por ello publicamos la guía de Debida Diligencia, para traducir al lenguaje empresario los temas de Naciones Unidas". Kaufmann indicó estar trabajando en guías de implementación para sectores como minerales y sector textil y destacó que la gestión de los Derechos Humanos es un tema cada vez más crítico para las relaciones comerciales, citando el caso del acuerdo Mercosur-Unión Europea que "contiene un capítulo en el borrador dedicado a la sostenibilidad y los DD.HH. con menciones a los Principios Rectores, lo que muestra su importancia".

A continuación, se realizó un Panel donde se presentaron las perspectivas gubernamental y los Planes Nacionales de Empresas y DD.HH. de Panamá, Argentina, Perú, México, Ecuador, Colombia. Los representantes gubernamentales expresaron el estado de avance de sus planes, por ejemplo, Colombia presentó los avances de su Plan lanzado en 2015 con 3 años de gestión y que ahora prepara su segunda versión con actualizaciones sectoriales.

A continuación, se abrió un espacio de consulta con organizaciones de la sociedad civil y comunitarias sobre lo expuesto por los gobiernos. Tal fue el caso del Observatorio Climático de Chile que presentó un “Análisis crítico del Plan Nacional de Acción de Chile”.  “El PAN de Chile no tuvo consulta pueblos indígenas y sus medidas son insuficientes. No menciona obligaciones para empresas privadas, solo menciona a las redes de empresas. Además, tardaron dos años en lanzar el  comité interministerial que gestiona el tema. Los tiempos y ser oportuno también es importante”, indicó José Aylwin del Observatorio.

Por su parte, Oxfam Brasil cuestionó el decreto aprobado por el gobierno brasilero en 2018 que fue publicado sin consulta previa y que ignora el concepto de complicidad y cuestiones de la cadena de suministro. Asimismo, la Plataforma de pueblos indígenas amazónicas del Perú cuestionó que el diagnóstico de la actualización del plan de Colombia "no incluye una abordaje de la emergencia de los defensores en DD.HH. que están siendo asesinados por su activismo climático".

¿Tratado Vinculante en Derechos Humanos?

En materia de Derechos Humanos y Empresas, hace muchos años que se viene discutiendo la necesidad de impulsar un instrumento jurídicamente vinculante para controlar las operaciones de las empresas transnacionales y su impacto en los Derechos Humanos. En octubre pasado, se realizó la 4ta. ronda anual de negociaciones para la creación de un tratado vinculante en Ginebra y se presentó formalmente  el “borrador cero” para dicho Instrumento con una activa participación de más de 280 miembros de ONG. La Unión Europea decidió no participar de la discusión dando un mensaje al mundo sobre el tema.

En esta cuarta consulta en América Latina, el tema volvió a ponerse sobre la mesa. Las organizaciones de comunidades indígenas alzaron sus voces en los paneles exigiendo el tratado vinculante. "Ecuador tiene varios casos de demandas, las empresas pagan las multas y no pasa nada, necesitamos un mecanismo vinculante para que se implemente a nivel nacional", indicó Patricia Gualinga, representante de indígena de Ecuador.

Por su parte, Tamara Muñoz, de la Central de Trabajadores (CUT) de Chile y miembro de Confederación Internacional Sindical también exigió que los instrumentos de Derechos Humanos sean vinculantes y citó casos de la región donde no fue suficiente la intervención de los Punto Nacional de Contacto de la OCDE para reparar los daños.

Los representantes gubernamentales de Ecuador, fueron los primeros en pronunciarse estar de acuerdo con un tratado vinculante pero a nivel regional, no nacional. En cuanto a México, si bien ha declarado que no apoya en un tratado vinculante en DD.HH. porque es "demasiado prematuro", cree necesario buscar un “camino intermedio”.

Por parte de los detractores del tratado vinculante, la Organización Internacional de Empleadores destacó no estar de acuerdo y exigió trabajar en la coherencia entre el nivel nacional y municipal, antes de pensar en poner más leyes.

ComunicarSe le consultó s las organizaciones internacionales OXFAM y el Instituto danés de Derechos Humanos por su opinión al respecto, pero ambos se reservaron una respuesta a favor o en contra.

Lanzamiento de alianza América Latina y Unión Europea

En el marco de la Consulta se celebró una ceremonia inaugural del proyecto CERALC, encabezada por el Jefe de Delegación Adjunto de la Unión Europea en Chile, Quentin Weiler, en compañía de representantes de ONU Derechos Humanos, OIT y OCDE.

El proyecto CERALC tiene como objetivo unir fuerzas entre distintos actores interesados para promover la conducta empresarial responsable en nueve países de la región. El proyecto durará 4 años y apoyará en el desarrollo y/o implementación de los Planes de Acción Nacionales sobre empresas y derechos humanos de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá y Perú.

La alianza entre la Unión Europea, la OCDE y OIT es la  primera vez en su tipo.

La consulta duró dos jornadas y abordó temas como derechos de la infancia en los Planes Nacionales, Debida Diligencia en la cadena de suministro, Transparencia y reportes, entre otros temas. . Se destaca la inclusión de un panel que relaciona Cambio Climático con Derechos Humanos, del que participaron Gonzalo Muñoz, Champion de la COP25, y el Gremio de generadoras eléctricas que presentaron el Plan de descarbonización recientemente lanzado con el Ministerio de Energía. También se realizaron 12 eventos paralelos gestionados por distintas organizaciones, sobre temas como empresas estatales, derechos de los pueblos indígenas y los Principios Rectores de la ONU sobre empresas y derechos humanos.

Una conclusión destacada de la consulta fue la necesidad de trabajar en la alineación del lenguaje utilizado en materia de Derechos Humanos, en especial buscar superar la relación del concepto con la historia de dictaduras en la región

Los resultados recogidos en la IV Consulta para América Latina y el Caribe se integrarán al octavo Foro de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, evento global que se celebrará a fines de noviembre en Ginebra, Suiza.

Se anunció, además, que la Quinta Consulta Regional sobre Empresas y Derechos Humanos tenga lugar el 8 y 9 de septiembre de 2020.