El pasado 25 de Marzo la ministra de Familia Manuela Schwesig y el ministro de Justicia Federal Heiko Maas presentaron un proyecto de ley que fijaría un 30% de mujeres en Consejos Directivos de más de 100 empresas que cotizan en bolsa en 2016. También establece cupos para el sector público.

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente anunció el lanzamiento de un Registro de Huella de Carbono para que las empresas calculen y reduzcan susemisiones de gases de efecto invernadero. Es el primer sello oficial de este tipo en España. El Gobierno busca así estimular a las empresas para que calculen su huella de carbono y establezcan planes para sureducción o compensación.

Ingresó en el Congreso Argentino un proyecto de ley que aspira a “fijar el marco jurídico mínimo” de la RSE en todo el país. Lo presentó en diciembre la senadora Liliana T. Negre de Alonso y tiene como objeto que las empresas registren un “balance social” con las acciones de RSE interna y externa realizadas, que será auditado por entidades certificadoras autorizadas. Además, fija beneficios fiscales y económicos para las empresas que presenten el balance y obtengan la “Etiqueta de Responsabilidad Social”.

Los miembros del Consejo de Responsabilidad Social del Gobierno de Chile presentaron el Plan Nacional de Responsabilidad Social para el Desarrollo Sostenible en Chile 2013 – 2015. Plantea la necesidad de diseñar una estrategia de desarrollo sostenible desde el Estado e incorporar la sostenibilidad como parte de la imagen país, a partir de un “relato” que destaque los progresos en la materia.

El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a través de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, ha presentado el nuevo Informe - Memoria sobre la Responsabilidad Social de la Administración General del Estado (AGE), correspondiente a 2012, cuyo modelo se diseñó en el grupo de trabajo de la Comisión Técnica de Responsabilidad Social, integrada por la Administración y las organizaciones sindicales, siguiendo los criterios del Consejo Estatal de la Responsabilidad Social Empresarial (CERSE) y los modelos internacionales existentes al efecto.

El consejero de Educación, Universidades y Empleo, Pedro Antonio Sánchez, presentó la primera ‘Estrategia regional para la Incentivación de la Responsabilidad Social Corporativa de la Región de Murcia 2014-2015’, en la que todos los departamentos de la Comunidad Autónoma se involucran y asumen un papel más activo para lograr una sociedad "más justa y solidaria" con una acción integral para el desarrollo de 25 medidas y cuatro compromisos: ambiental, laboral, social y ético, y económico.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires vetó ayer una Ley de Compras Públicas Sustentables que había sido aprobada por la legislatura. La decisión fue respaldada por un dictamen de la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad. La mayor objeción estuvo centrada en los requisitos de Eficiencia Energética que exigía la norma. El Gobierno consideró que algunos aspectos eran “incumplibles” o estaban ya alcanzados por leyes existentes.

La ONG Poder Ciudadano realizó un análisis sobre las herramientas de transparencia y rendición de cuentas que poseen las empresas dedicadas a prestar servicios de recolección de residuos y barrido de calles. Los resultados muestran la poca o nula existencia de herramientas tendientes a poner a disposición información para cualquier persona interesada, como así también la escasez de un programa integral de prevención de la corrupción.

La iniciativa del Gobierno de Francia, “Plataforma RSE” ha definido tres grupos de trabajo dedicados a RSE y competitividad, transparencia y gobierno corporativo y cadena de valor. La plataforma también terminó de modelar su funcionamiento y representación. Las  empresas tienen 15 asientos, la sociedad civil 10, el Gobierno 12, 6 plazas para los sindicatos y 4 para los expertos. 

Las principales empresas de software y comunicaciones del mundo iniciaron una campaña para solicitar al gobierno de EE.UU., y a los gobiernos de todo el mundo, crear reglas claras que regulen la vigilancia gubernamental y el acceso a la información de usuarios privados. Instaron a aprobar cinco principios que incluyen la limitación de la intervención gubernamental, la difusión del número y la naturaleza de las demandas del gobierno y la creación de un marco unificado para regular las peticiones legales de datos a través de las jurisdicciones de los países.