Esta nueva publicación de SOMO reúne los conocimientos existentes sobre 24 directrices y principios internacionales sobre Derechos Humanos y empresas "que operan en zonas afectadas por el conflicto". El propósito principal de este trabajo es dar una visión general relevante de los principios y directrices vigentes y su alcance, para que las comunidades y los trabajadores afectados puedan usarlos en sus relaciones con las empresas en caso de violaciones de derechos humanos. 

SOMO y el Comité Indio de los Países Bajos presentan un nuevo informe que denuncia las condiciones de explotación de mujeres del sur de India que trabajan en la cadena textil de grandes empresas como C&A, H&M y Primark. A pesar del Plan de Acción para la sostenibilidad en la industria textil holandesa no se han conseguido mejoras.

SOMO, junto a organizaciones de consumidores, presentan una investigación que revela una falla en las políticas de compras y RSE de los minoristas europeos. Estas políticas no serían suficiente para proteger el trabajo decente y el comercio justo en sus cadenas de suministro en países en desarrollo. Las organizaciones instan a las autoridades europeas a involucrarse en el asunto.

Esta es la principal conclusión del documento de SOMO, el primero de una serie de hojas informativas sobre condiciones laborales en la industria textil en el marco del proyecto Wellmade. El documento ofrece a las marcas y los minoristas información sobre prevención del trabajo infantil en sus cadenas de producción. Critica que la industria propone mejoras solo en sus proveedores directos cuando el trabajo infantil se encuentra a menudo en las fases de producción anteriores.

La nueva investigación de SOMO ha revelado que en países como China, India, México, Filipinas y Tailandia, los trabajadores del sector electrónico tienen poco conocimiento del sistema corporativo de denuncias y muchos no tienen acceso a estos canales. El alto nivel de desconfianza y el bajo porcentaje de reclamaciones resueltas satisfactoriamente demuestran el pobre desempeño de la industria. 

Unilever presentó un plan de acción para hacer frente a la violación de los derechos laborales en sus plantaciones de té en Kericho, Kenia. Las investigaciones y denuncias sobre acoso sexual dieron lugar a una fuerte acción disciplinaria por parte de la empresa.

SOMO lanza una nueva herramienta digital que compara la ISO 26000 con el Pacto Mundial de la ONU y las Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales. La herramienta cuenta con una versión descargable que ofrece ampliar la comparación de los instrumentos. 

Un nuevo estudio de SOMO vincula la política fiscal de los Países Bajos con la atracción de empresas multinacionales que operan en sectores de riesgo y que están vinculadas con violaciones a los Derechos Humanos en países en desarrollo. El estudio revela que las empresas investigadas por estas violaciones invierten en las filiales extranjeras a través de los Países Bajos, lo que les genera una reducción de los impuestos fiscales. Los resultados del informe establecen que el carácter voluntario de la RSC del gobierno holandés es un enfoque anticuado y claramente insuficiente.

La guía fue presentada en diciembre de 2012 y ahora lanzan su versión en español. Elaborada por SOMO, la Guía proporciona apoyo, orientación y un marco de referencia uniforme para las ONGs en el uso de los Principios Rectores de Empresas y Derechos Humanos de la ONU. Se puso a prueba en dos casos de empresas, uno en la India y otro en Argentina. Este último aplicado por la organización CEDHA con sede en Córdoba. 

Un reciente informe publicado por SOMO revela que las fábricas textiles proveedoras de KIK, C&A y Walmart que se incendiaron en septiembre y noviembre de 2012, en Bangladesh y Pakistán, habían sido recientemente auditadas y certificadas por terceros independientes.  Se trataría de una deficiencia en los controles, una sobre-dependencia de auditores externos y una falta de compromiso para tomar medidas en el asunto. Se recomienda a las empresas realizar inspecciones propias con reparaciones obligatorias, que incluyan la divulgación pública de los informes de inspección.