Los programas deberán incluir buenas prácticas como la puesta en marcha de un protocolo de salud y seguridad en el trabajo que incluya inducción al personal, la adopción de horarios de entrada y salida desfasados para evitar aglomeraciones, rutinas de desinfección y sistema de lavado de manos, uso obligatorio de mascarillas, y un protocolo en caso de que algún trabajador presente síntomas.

Desde la Confederación Sindical Internacional (CSI) creen que la vuelta al trabajo, especialmente en grandes centros de trabajo, no debería implicar que todo el personal se reincorpore al mismo tiempo. Una vuelta negociada por fases reduciría los riesgos, disminuyendo además el impacto en los transportes públicos en particular. Pueden escalonarse las horas de trabajo y las pausas, para reducir riesgos.

La CEPAL y la OIT creen que de prolongarse la crisis por más tiempo, será necesario una nueva ronda de medidas, orientadas tanto a proteger empleo e ingresos de trabajadores y limitar impacto en las empresas, con un foco especial en grupos vulnerables como los migrantes en situación no regularizada, trabajadoras domésticas y cuidadores de personas mayores, trabajadores asalariados e independientes informales en sectores críticos y trabajadores de la salud en primera línea de respuesta frente al COVID-19.

La crisis está empezando a forjar numerosos cambios en el mundo laboral que serán permanentes con el fin de ir hacia una “normalidad mejor”. “Las políticas para la recuperación deben apuntar no solo a una ‘nueva normalidad’ similar a la anterior, sino a una ‘normalidad mejor’ con mayor formalidad, equidad y diálogo social”, indicaron durante onferencia de prensa virtual conjunta, la Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Alicia Bárcena, y el Director Regional de la OIT para América Latina y el Caribe, Vinícius Pinheiro.

En materia de coyuntura, CEPAL y OIT indican que la pandemia ha generado fuertes efectos negativos en el mercado de trabajo, con consecuencias en el sector formal (reducción de horas, caída de  salarios y despidos) e informal (caída de empleo por distanciamiento y prohibición de circulación, menor acceso a compensaciones de ingreso). Asimismo, advierten que las mujeres trabajadoras son las más vulnerables y sectores intensivos en mano de obra como el turismo, comercio, manufactura, inmobiliaria y entretenimiento han sido altamente afectados. Además, las Micro y Pequeñas Empresas concentran 46,6% del total del empleo en la región y tienen alto riesgo de experimentar quiebras.

"Cualquier cambio temporal de los reglamentos, horarios de trabajo y procedimiento ha de ser negociado con los sindicatos y establecerse con un plazo definido", advierte la CSI. 

Antes de la pandemia América Latina y el Caribe mostraba bajo crecimiento y en el 2020 se espera la peor contracción económica desde 1930, con una caída en el Producto Interno Bruto (PIB) regional estimada de -5,3%, lo que tendrá efectos negativos sobre el mercado de trabajo. Se proyecta un aumento de la tasa de desocupación de al menos 3,4 puntos porcentuales, hasta alcanzar un 11,5%, lo que equivale a más de 11,5 millones de nuevos desempleados. De profundizarse la contracción económica la tasa de desocupación será mayor.

Junto al aumento de la desocupación, se espera un marcado deterioro de la calidad del empleo, indica el informe. El trabajo informal es la fuente de ingresos de muchos hogares de América Latina y el Caribe, donde la tasa media de informalidad es de aproximadamente un 54%, según estimaciones de la OIT, situación que afecta a los grupos más vulnerables.

En tanto, según cálculos de la OIT la crisis sanitaria provocada por el COVID-19 y las medidas de confinamiento provocan una pérdida de alrededor del 10,3% de las horas de trabajo en el segundo trimestre de este año, lo que equivale a 31 millones de empleos a tiempo completo (suponiendo una jornada de 40 horas semanales).

"Efectuar test a las personas para detectar posibles infecciones o exposición previa al virus representa una medida vital de salud pública, así como el rastreo de contagios y otras medidas. Pero todo esto ha de realizarse de manera que se respete plenamente la privacidad y en ningún caso derivar en discriminación", sostiene la CSI. 

- Un retroceso en el cumplimiento de los ODS

Esta situación afectará negativamente la dinámica de la pobreza y la desigualdad y el logro de los compromisos de la Agenda 2030, agregan los organismos de la ONU. La CEPAL estima que para el 2020 la tasa de pobreza aumentaría hasta 4,4 puntos porcentuales y la pobreza extrema 2,6 puntos porcentuales con respecto a 2019. Esto implica que la pobreza alcanzaría entonces a 34,7% de la población latinoamericana (214,7 millones de personas) y la pobreza extrema a 13% (83,4 millones de personas). También se espera un aumento de la desigualdad en todos los países de la región, con incrementos del índice de Gini de entre el 0,5% y el 6,0%.

Más allá de la pobreza, grandes grupos de población viven en condiciones crónicas de inseguridad económica y son vulnerables a la pérdida de ingresos laborales. De allí que la CEPAL ha propuesto un ingreso básico de emergencia (IBE) por un monto igual a una línea de pobreza durante seis meses para satisfacer necesidades básicas y sostener el consumo de los hogares. Esto supondría un gasto adicional del 2,1% del PIB para abarcar a todas las personas que se encontrarán en situación de pobreza en 2020.  En este ámbito, el objetivo estratégico de largo plazo es la implementación gradual de un ingreso básico universal, sustentado por mecanismos sostenibles e innovadores de financiamiento, añade la Comisión.

- El Teletrabajo

También hay que considerar que el impacto en los mercados laborales regionales dependerá de la capacidad de los países de adaptarse a nuevas formas de trabajo. Si bien el trabajo a distancia, o teletrabajo, es una posibilidad para muchos trabajadores, no todos los países cuentan con la infraestructura tecnológica adecuada para ello. En la región, un 67% de la población es usuaria de Internet, pero existen diferencias significativas tanto entre los países como dentro de ellos, que obedecen a factores como el nivel socioeconómico y la ubicación geográfica.

Asimismo, es preciso tener en cuenta que el aumento del uso de las tecnologías digitales puede exacerbar las desigualdades derivadas del distinto nivel de acceso a estas con el que cuentan los diferentes países y grupos de ingreso. Mientras que, en 2017, más del 80% de la población tenía conexión a Internet móvil en el Brasil, Chile, Costa Rica y el Uruguay, esta cifra se reducía al 30% en Guatemala, Haití, Honduras y Nicaragua (CEPAL, 2020c). 

Para los sindicatos, los empleadores deberán hacerse cargo de proporcionar, instalar y mantener el equipo necesario para el teletrabajo. Para verificar la garantía de medidas de salud y seguridad, los inspectores del trabajo deberían tener acceso al lugar en que se realice el teletrabajo, previa notificación y contando con el acuerdo explícito del trabajador.

"Habría que tomar medidas para asegurarse de que no se requiera al teletrabajador efectuar horas extraordinarias excesivas, que siempre deberían ser voluntarias y debidamente remuneradas. Ha de respetarse plenamente la privacidad de los teletrabajadores y su derecho a comunicarse con sus representantes sindicales", pide un informe de la CSI. 

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