Las medidas correctivas a la violación de los Derechos Humanos es uno de los tres pilares de acción que recomiendan los Principios Rectores de las Naciones Unidas para las empresas que deban gestionar el tema.

La Agencia presenta una serie de recomendaciones sobre la forma en que la UE podría mejorar el acceso a los recursos de remediación y corrección para las víctimas de abusos de derechos humanos. Su objetivo es contribuir a una mayor conciencia de la necesidad de que la UE haga más para fortalecer el acceso a los recursos judiciales y no judiciales en temas de DD.HH. y empresas.

Algunas de las sugerencias incluyen:

• Hacer accesibles los recursos judiciales: Las víctimas recurren a menudo a los tribunales cuando se trata de buscar justicia. Sin embargo, cuestiones como decidir a qué tribunal recurrir, los costos, la complejidad y la duración de los procedimientos, pueden causar obstáculos. Para facilitar este tema, la UE debería crear normas mínimas para la asistencia jurídica y mejorar la financiación para el apoyo jurídico, en particular para las personas vulnerables. La carga de la prueba también debería transferirse de las víctimas a las empresas con normas mínimas más claras sobre qué pruebas deberían facilitar las empresas.

• Mejorar el apoyo a los casos transfronterizos: a medida que la globalización y el mercado único de la UE han hecho más frecuentes los negocios transfronterizos, es más difícil que las víctimas busquen compensación de empresas basadas en otros países o cuando ocurran violaciones de derechos en el extranjero. Para ayudar, la UE debería proporcionar un entendimiento común entre los Estados miembros sobre cómo proceder con los casos transfronterizos. Esto podría incluir el uso de cómo se tratan los casos ambientales, permitiendo excepciones a las reglas existentes. Esto garantizaría que se las multas y penas por los daños se apliquen a nivel de la UE para disuadir a las empresas de cometer abusos en países que pueden ser más indulgentes con los negocios.

• Uso de los sistemas de justicia penal: aunque las leyes de la UE abarcan la delincuencia corporativa en relación con los negocios y los derechos humanos, rara vez se utilizan. Por consiguiente, la UE debería promover un mayor uso de las leyes existentes. Esto podría incluir la recopilación de datos a nivel de la UE sobre las quejas y la indemnización, la formación, la mejora de los recursos humanos y financieros de las fuerzas del orden público para hacer frente a esa delincuencia y la orientación de las víctimas para reclamar daños y perjuicios en los procedimientos penales.

• Provisión de alternativas a través de recursos no judiciales: los mecanismos no judiciales pueden ser más accesibles, más rápidos y más baratos. Por consiguiente, la UE debe reforzar dichos mecanismos mediante la creación de normas mínimas que permitan una solución colectiva, estableciendo puntos de contacto nacionales bien dotados para asesorar a las víctimas sobre los recursos y alentando a las empresas a crear sus propios mecanismos de reclamación.

• Mejorar la transparencia y la recopilación de datos: Los diferentes Estados miembros adoptan enfoques diferentes en lo que se refiere al acceso a recursos para las empresas y los derechos humanos, lo que dificulta que las empresas actúen y las víctimas busquen justicia. Los planes de acción nacionales a menudo son vagos. La UE debe alentar a los Estados miembros a que elaboren planes de acción para Empresas y Derechos Humanos que incluyan también el acceso a soluciones e indicadores claros para medir el logro. La UE también debería proporcionar información sobre los recursos disponibles, su funcionamiento y ejecución, posiblemente con evaluaciones comparativas y coordinación en toda la región. Esto proporcionaría una mayor transparencia y ayudaría a la comprensión entre el público, los profesionales del derecho y, en última instancia, las víctimas. También sería útil establecer redes a escala de la UE para compartir conocimientos, orientaciones y mejores prácticas. Además, la UE debe publicar información de las empresas que deben revelar el impacto de su trabajo sobre los derechos en virtud de la legislación de la UE. También podría alentar a los Estados Miembros a que obliguen a las empresas a evaluar sistemáticamente el impacto de las actividades nuevas en los derechos humanos como parte de su planificación.

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