Se trata de una convergencia entre las prioridades de la cooperación internacional y la agenda nacional a favor de una mejora del desempeño de los diversos actores de la cadena productiva del oro. Las acciones gubernamentales están orientadas a realizar un proceso efectivo de formalización, procesos de interdicción y rehabilitación así como generar economías alternativas para las personas involucradas en la actividad minera.  Busca establecer mecanismos de mercado que recompensen el cumplimiento, por partes de los productores, de estándares en el proceso de producción y distribución, transparencia, condiciones de trabajo, ambientales, sociales, gobernabilidad y relaciones con comunidades. trabajará con certificaciones de Comercio Justo (Fairtrade), Minería Justa (Fairmined) y Consejo de Minería Responsable (Responsible Jewellery Council RJC).