La Asamblea Nacional de Francia tiene a tiro de aprobación un proyecto de Ley presentado por la bancada socialista que obligará a las empresas multinacionales francesas a controlar a sus filiales en el extranjero y a desarrollar mecanismos de debida diligencia para que sus proveedores cumplan con los derechos humanos. 

Sustentia y AECID han publicado el documento “Análisis de riesgos en cuatro sectores económicos. Debida diligencia en derechos humanos”. Los sectores ananlizados son Agroindustria, Extractivo, Obras públicas y Servicios públicos.

Poniendo un foco especial en la debida diligencia, Sustentia Innovación Social publica un documento que dirigido a acompañar específicamente a la empresa en la comprensión de las implicaciones que representan los Principios Rectores de ONU sobre empresa y derechos humanos (DDHH). Su enfoque es eminentemente práctico y centrado en la presentación de algunas soluciones enfocadas a la integración de los Principios Rectores en los procesos de gestión de una empresa.

El Consejo Nacional de Relaciones Laborales del Gobierno de Estados Unidos ha autorizado una investigación contra la empresa McDonald y sus franquiciados por violaciones de derechos laborales, relacionadas con las recientes protestas de trabajadores de la empresa con respecto a las condiciones de trabajo. El Consejo ha llamado a las partes a realizar un acuerdo, que de no cumplirse podría convertirse en una penalización para la empresa. Académicos llamaron a las empresas a replicar entre sus franquiciados, las mismas estrategias de aseguramiento que desarrollan en sus cadenas de valor.

A principios del mes de mayo, la presidencia danesa de la UE organizó una conferencia con todos los grupos de interés sobre la aplicación de los Principios Rectores de la ONU sobre empresa y derechos humanos.
Durante dos días, los participantes en la conferencia discutieron una serie de cuestiones relacionadas con la aplicación de los Principios Rectores de la ONU a nivel nacional y de la UE. En particular, y como punto crucial, la responsabilidad de las empresas en el deber de diligencia sobre los derechos humanos y el papel clave de los estados