La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) ha fijado la aplicación del reglamento 220, por medio del cual el sistema financiero deberá adecuar sus planes y programas de RSE hasta el 31 de octubre de este año a los lineamientos aprobados por la entidad reguladora. La medida alcanza a bancos, mutuales, fondos financieros privados y cooperativas. Tiene por objetivo obligar a que las entidades financieras inviertan parte de sus utilidades en programas de Responsabilidad Social Empresarial para que ‘devuelvan’ a la sociedad un porcentaje de las ganancias en obras de ‘comprobado’ impacto social.

La senadora por el Frente para la Victoria por Neuquén, Nanci Parrilli, presentó un proyecto de Ley para establecer un cupo femenino en la industria hidrocarburífera. El objetivo de la norma es "promover la igualdad de acceso y de oportunidades de las mujeres en el mercado laboral" de la extracción de petróleo y sus derivados. La iniciativa busca regular la incorporación de una proporción no inferior al 30 por ciento de mujeres trabajadoras al sector hidrocarburífero.

Las aseguradoras europeas tendrán que aplicar los mismos precios por los mismos productos de seguros a mujeres y hombres, sin distinción por razón de sexo. El sector de los seguros ha tenido más de un año para preparar el cambio a las políticas de precios unisex y durante este periodo la Comisión Europea ha ayudado al sector a adaptarse. La Comisión supervisará la puesta en práctica de estas nuevas normas.

En un acto encabezado por el vicegobernador Ciurca, y del cual participaron funcionarios ministeriales, legislativos, y representantes de Asociaciones Empresariales, se dio a conocer en la Legislatura de la Provincia el proceso que recorrerá la ley 8488 de Responsabilidad Social Empresaria para su reglamentación. La misma será resultado del trabajo conjunto y los aportes de funcionarios del Poder Ejecutivo, representantes del Poder Legislativo y asociaciones empresariales.

La legislatura de la provincia de Mendoza aprobó la Ley de Responsabilidad Social Empresaria Nº 8.488, la cual establece la obligatoriedad de presentar un “Balance de Responsabilidad Social y Ambiental Empresaria” para empresas de más de 300 empleados y una facturación superior a la de las medianas empresas (según criterios de la Sepyme).

El Concejo Deliberante de la ciudad de La Plata aprobó el 22 de noviembre de 2012 una Ordenanza, presentada por el concejal José Arteaga, a través de la cual se crea un programa de Responsabilidad Social Empresaria. Buscará mejorar las relaciones entre lo público y lo privado, aumentar los niveles de inversión y brindar beneficios e incentivos a quienes se sumen a desarrollar el programa.  Prevé un registro de proyectos de organizaciones sociales.

El Plan de implementación de la Ley Nº 3147 tiene por objeto fomentar el desarrollo de la producción de bolsas  biodegradables; la reducción progresiva y posterior prohibición en la entrega de bolsas no  biodegradables por parte de los comercios; y la sustitución de sobres y bolsas no biodegradables por aquellos que sí lo son.

Las empresas que impulsan la energía eólica están presionando al congreso de EE.UU. para extender un incentivo fiscal ( 2,2 % del kilovatio-hora) para la generación de energía eólica antes de que expire el 31 de diciembre de 2012. Entre los firmantes se encuentran Ben & Jerry’s, Starbucks, Symantec, Yahoo!, Levi Strauss & Co., Johnson & Johnson y Sprint, entre otros.

Con el apoyo de la Cámara Española de Comercio de la República Argentina (CECRA), la Senadora Ma. Laura Leguizamón presentó el proyecto de ley que establece la obligatoriedad de confección de balance para empresas estatales y con participación accionaria del Estado. El proyecto de ley ya cuenta con dictamen por unanimidad en las comisiones legislativas y ya tiene espacio de debate en diputados.

Volvió a tomar estado parlamentario el proyecto de los diputados oficialistas Héctor Recalde y Diana Conti. Propone incorporar en el Código Penal los Delitos contra la integridad de los menores, indicando que “será reprimido con prisión de uno a cuatro años el que promoviere, facilitare, aprovechare o explotare económicamente el trabajo de un niño o niña en violación de las normas nacionales que prohíben el trabajo infantil. La nueva legislación dispone que la pena de prisión se aplicará también a los directores o gerentes de las empresas implicadas.