Nestlé invertirá más 304 millones de euros durante la próxima década en la mejora de la sostenibilidad de las explotaciones agrícolas que le suministran café y cacao, según informó la empresa en una nota que recoge Servimedia. Para ello, la multinacional suiza proporcionará plantas de alta calidad y resistentes a las enfermedades a los cultivadores, así como formación sobre métodos de cultivo más eficientes y sostenibles. Asimismo, la multinacional suiza ha anunciado el lanzamiento del Plan del Cacao, a través del que unificará sus actividades para la promoción del cacao sostenible, de las que informará a través de un portal de Internet dedicado a esta iniciativa.

TransFair USA, organización que certifica los productos de comercio justo en Estados Unidos, empezará a conceder este distintivo a las prendas de vestir y textiles para el hogar que cumplan los requisitos para ello, a partir de 2010, informa el portal de Internet SustainableLifeMedia.com. Asimismo, TransFair USA acaba de publicar un borrador sobre la normativa que deberían cumplir las empresas del sector para que sus productos detenten el sello de comercio justo, basada en los convenios de la Organización Internacional del Trabajo para los trabajadores de factorías de confección.

Banco Galicia y Revista Chacra realizaron el jueves 30 de julio la entrega del Tercer Premio a la Gestión Solidaria del Campo con el objetivo de contribuir a aumentar la visibilidad, promoción y difusión de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) que trabajan para las comunidades rurales de nuestro país.

Greenpeace ha realizado una protesta pública contra HP en denuncia por la renuencia de la compañía a eliminar el PVC y el Bromuro en la fabricación de sus productos. Activistas de la ONG se han trepado a la fachada del headquarter en Palo Alto este último martes 27 y han pintado la frase "Productos Peligrosos". La empresa había presentado un plan ambiental  que eliminaba los tóxicos este año, pero lo pospuso hasta 2011.

El gobierno francés ha amenazado con cerrar las empresas que empleen a trabajadores en situación irregular y anunció que impulsará un “arsenal contra el abuso” empresarial en Francia, donde oficialmente hay hasta 400.000 empleados en negro, en su mayoría extranjeros, informó un cable de la AP; reproducido por Google. “Si se confirma que la actividad de una empresa se basa en el trabajo ilegal o el empleo de trabajadores extranjeros sin permiso de trabajo, se podrá cerrar administrativamente esa empresa”, anunció el domingo el ministro de Trabajo galo, Xavier Darcos, en el diario Le Parisien.

Tal como adelantó ComunicaRSE hace algunas semanas, el Gobierno de la Ciudad ingresó el lunes 27 de julio el nuevo proyecto de Ley de RSE, que deroga la Ley 2594, que establecía la obligatoreidad de los Balances de RSE para las grandes empresas de la Ciudad. El nuevo proyecto, además de ratificar la voluntareidad, establece un nuevo "regimen de promoción de la RSE" que prevé incentivos para las empresas como beneficios financieros y compras públicas (se incluirán claúsulas RSE en los pliegos de licitación) y se designa al Ministerio de Desarrollo Económico como autoridad de aplicación. A su vez, propone crear un Consejo Consultivo de RSE. El proyecto, aún no ha sido girado a Comisión, aunque fuentes parlamentarias confirmaron a ComunicaRSE que existe voluntad política de aprobarlo antes de fin de año, en el marco de un acuerdo entre oficialismo y oposición. Se prevé que las comisiones que intervengan iniciarán una ronda de consultas con la sociedad civil. Conozca el texto completo del proyecto de Ley.

Para ver el proyecto completo, pulsar aquí.

Esta semana se difundió por distintos ámbitos una carta de John Ruggie, representante del Secretario General de la ONU para Asuntos de Derechos Humanos y Empresas Multinacionales, en la que critica ciertos enfoques del borrador de la próxima Guía ISO 26000. Aunque destaca que la Guía señale a los Derechos Humanos como parte sustancial de la RSE, el experto sostiene que vincular la responsabilidad social a un concepto tan ambiguo y manipulable como la “esfera de influencia” de las empresas le quita coherencia a la herramienta, y no condice con los lineamientos de la ONU en Derechos Humanos. En su visión, no se puede atribuir responsabilidades sobre la base de un concepto tan débil.

El día jueves 26 de noviembre la Asociación de Empresarios Cristianos presentará una nueva serie de indicadores de RSE elaborados junto al Instituto Ethos. Los Indicadores ADEC-ETHOS serán una herramienta de aprendizaje y evaluación de la gestión de las empresas que refieren a la incorporación de prácticas de responsabilidad social, al planeamiento estratégico, al monitoreo y desempeño general corporativo. Son un instrumento de autoevaluación y aprendizaje de uso esencialmente interno a la empresa. El acuerdo entre ambas instituciones se inició en 2007 durante una de la Conferencia Anual de la organización brasileña.

Todas las empresas del transporte urbano de pasajeros de Salta deberán contratar personal femenino hasta  alcanzar un treinta por ciento de la planta de choferes. Para ello, la Autoridad Metropolitana del Transporte deberá llevar un registro público de postulantes donde podrá inscribirse toda mujer que reúna los requisitos de las leyes y ordenanzas vigentes que desee ser conductor de ómnibus. La disposición fue adoptada por el Juez de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Sala Quinta, Mario D’Jallad al resolver un amparo ordenando “el cese de la discriminación por razones de género, la que se efectivizará bajo la forma y modalidad establecidas” en la misma sentencia.

El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires (CPCECABA) elevó a la Legislatura de la Ciudad  un proyecto de ley de RSE que se propone en reemplazo a la Ley Nº 2594 actualmente vigente. En uno de los párrafos  de la nota que acompaña el proyecto se enfatiza que “es de suma relevancia que la información (Balances Sociales) preparada por las organizaciones sean sometidas a auditoría para asegurar que se han seguido los procedimientos adecuados para su confección. Para ello, es necesario que el Contador Público, en cuanto a procesamiento y exposición de la información, produzca un informe con firma certificada por el Consejo Profesional pertinente”. Además, ratifica la obligatoreidad de presentar Informes de RSE para organizaciones de más de 300 empleados y/o proveedoras del Gobierno de la Ciudad, cuestión que el propio Gobierno ya anunció que va a derogar reemplazando la ley vigente por una nueva.